PAÍS
Este viernes 20 de junio de 2025, en el Registro Oficial Nº 64, se publicó la resolución 003-25 de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que pone en marcha un nuevo esquema de cobro por supervisión y fiscalización minera en Ecuador. Es decir, ya está vigente la nueva tasa o impuesto minero.
Con esta medida, el Gobierno de Daniel Noboa aspira a recaudar hasta $229 millones anuales, pero lo que se presenta como una estrategia para fortalecer el control estatal ha encendido las alarmas en el sector minero formal, que advierte sobre un efecto contrario: el éxodo de inversiones.
La nueva tasa será obligatoria para todos los titulares de concesiones mineras, metálicas y no metálicas, y se cobrará según el tamaño de la operación, la fase del proyecto y el régimen aplicable.
La fórmula incluye tres variables: el número de hectáreas concesionadas, un coeficiente por fase minera (que representa la complejidad del control requerido) y un porcentaje del salario básico unificado (SBU), actualmente en $470.
Los porcentajes establecidos varían entre el 3% y el 100% del SBU por hectárea, dependiendo del tipo de minería y la etapa en la que se encuentre el proyecto.
Por ejemplo, la gran minería en etapa de explotación pagará el equivalente al 100% del SBU ($470) por cada hectárea; mientras que la pequeña minería en exploración inicial pagará el 10% ($47). Las licencias de comercialización, por su parte, deberán cancelar el valor equivalente a 10 SBU, sin importar el número de hectáreas.
El anuncio oficial del nuevo esquema se realizó el 2 de junio, y aunque el sector inició un proceso de diálogo con el Gobierno, este no dio los resultados esperados. Pese a una reunión sostenida el 12 de junio con la promesa de instalar mesas técnicas, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, dejó claro el 16 de junio que la tasa no estaba en negociación./Primicias
