LEY
La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador ha encendido las alarmas entre organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, debido a sus severas reformas al sistema penal juvenil.
Entre las disposiciones más controversiales está el endurecimiento de penas para adolescentes vinculados a delitos graves relacionados con el crimen organizado, medida que Unicef calificó como una “reforma regresiva” que podría vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La norma fue aprobada el 24 de junio con 84 votos favorables de un total de 148 legisladores presentes. Aunque tramitada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa, la ley va más allá de lo económico, introduciendo modificaciones a más de veinte cuerpos legales, incluidos el Código de la Niñez y Adolescencia, la ley de movilidad humana, normas de tránsito y disposiciones del sistema judicial.
El articulado final, que fue modificado horas antes de su votación, se estructura en torno a cuatro ejes: contratación pública, fortalecimiento institucional, gestión pública y erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez. En este último punto se enmarcan las nuevas sanciones dirigidas a menores infractores.
La ley establece que adolescentes que cometan delitos graves —como homicidio, narcotráfico, terrorismo o trata de personas— podrán recibir penas de entre 12 y 15 años de internamiento, equiparables a las de los adultos. “Van a ser juzgados como adultos”, explicó la asambleísta oficialista Valentina Centeno durante el debate.
El texto también prevé que aquellos menores que colaboren con la justicia y delaten a quienes los reclutaron podrán acceder a una reducción de hasta el 50% de su condena. Hasta antes de esta reforma, la pena máxima que un adolescente podía recibir era de ocho años de reclusión, con énfasis en medidas socioeducativas.
Con las nuevas disposiciones, los adolescentes ya no podrán acogerse a estas medidas si se trata de delitos considerados graves. Además, si cumplen la mayoría de edad mientras están cumpliendo condena, deberán continuarla en los centros de internamiento para infractores. En casos relacionados con delitos del llamado “conflicto armado interno”, como el terrorismo, pasarán a prisiones comunes una vez que cumplan los 18 años.
La representación de Unicef en Ecuador expresó su profunda preocupación por las reformas, señalando que van en contra de la Constitución nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño.
La aprobación de esta ley ocurre en un contexto crítico para el país. En los últimos seis años, Ecuador ha experimentado un alarmante aumento en la tasa de homicidios: de seis por cada 100.000 habitantes en 2018, a 38 en 2024, con un récord histórico de 47 en 2023. Para el Gobierno, esta situación justifica la implementación de políticas más duras. Sin embargo, expertos y organizaciones sociales cuestionan que estas medidas punitivas, lejos de solucionar el problema, podrían profundizar la crisis.
Críticas de Unicef y organizaciones sociales
“Estas medidas no han demostrado ser efectivas y podrían empeorar la situación del sistema penitenciario”, alertó el organismo en un comunicado oficial. Desde la sociedad civil, la abogada Consuelo Bowen, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), advirtió que esta normativa podría tener consecuencias devastadoras para la juventud más vulnerable.
“Esto va a resultar en un masivo encarcelamiento de adolescentes que se van a perfeccionar en los delitos y que van a salir a tempranas edades a seguir delinquiendo porque no van a conocer otra realidad”, señaló. Bowen añadió que, en el fondo, “lo que se busca es únicamente la punición.
Esta medida hace que la sociedad no asuma su responsabilidad con respecto a la niñez y adolescencia en el Ecuador”. La preocupación de los organismos de derechos humanos se incrementa al observar las cifras oficiales: según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con la agencia EFE, más de 3.500 menores de edad fueron detenidos el año pasado en operativos contra bandas delictivas.
Estos números evidencian el grado de reclutamiento juvenil por parte del crimen organizado, un fenómeno que sigue en expansión ante la falta de políticas preventivas eficaces.
