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jueves, julio 3, 2025

Banda criminal obliga a familia a dejar Riobamba tras secuestro fallido

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INSEGURIDAD

La vida de una familia riobambeña cambió cuando su participación en actividades políticas locales los convirtió en blanco de un grupo delictivo armado. Desde 2021, han enfrentado una cadena de amenazas, agresiones, extorsiones e incluso un intento de secuestro, que finalmente los obligó a abandonar su hogar y buscar refugio en otra provincia del país.

La familia abandonó su vivienda y su negocio en Riobamba tras recibir amenazas de muerte e intentar secuestrar a su hija menor.

El caso, denunciado formalmente ante la Fiscalía General del Estado, ha sido tipificado como delito de extorsión, de acuerdo con el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según los testimonios, los responsables serían miembros de la banda criminal Los Lobos, una organización estructurada que ha extendido su influencia más allá de los centros penitenciarios y ahora opera en barrios y zonas comerciales del centro del Ecuador.

Todo comenzó con la participación activa del padre de familia en campañas electorales locales. Como chofer profesional, prestó apoyo logístico a un movimiento político en Riobamba. Su esposa comerciante y dueña de un pequeño minimarket, también colaboró desde su negocio, poco después de las elecciones, ambos comenzaron a recibir presiones.

Según la denuncia presentada, hombres armados y encapuchados llegaron en varias ocasiones a su negocio y domicilio. Exigían dinero y advertían represalias si no colaboraban políticamente con otro grupo. “Nos dijeron que habíamos apoyado al candidato equivocado”, afirmó la señora en su declaración jurada.

El punto de quiebre se dio cuando el hombre del hogar fue interceptado mientras trabajaba. Fue secuestrado, golpeado y obligado a pagar dos mil dólares mensuales bajo amenazas de muerte. “Sabían donde vivíamos, conocían los movimientos de mi esposa y sabían en que escuela estudiaban nuestros hijos”, relató.

Las visitas de los extorsionadores se volvieron frecuentes.  La señora, en su declaración, relató cómo sujetos armados ingresaban a su local a plena luz del día. En una ocasión, uno de ellos le colocó una pistola en el pecho frente a sus hijos menores. “La rastrilló lentamente y me dijo que, si no colaboraba, me mataban ahí mismo”, denunció ante la Fiscalía.

Mientras tanto, la familia permanece oculta, sin protección estatal efectiva. Viven con temor a ser localizados y sin garantías de seguridad para retomar su vida. “Lo único que queremos es estar a salvo. Perdimos todo por negarnos a colaborar con criminales”, expresó la señora.

Los denunciantes aseguran que los agresores se identificaban como miembros del Grupo Delictivo Organizado (GDO) Los Lobos, una estructura criminal que ha ganado notoriedad por su violento accionar, incluso desde los centros penitenciarios del país.

En sus testimonios, mencionan que algunos de los individuos eran de nacionalidad venezolana y operaban con total impunidad en Riobamba.

El episodio más aterrador ocurrió en 2024, cuando intentaron secuestrar a la hija menor de la pareja. El hecho ocurrió en el barrio Bellavista, en Riobamba. Vecinos alertaron a tiempo y lograron frustrar el secuestro enfrentando a los agresores, que se movilizaban en un vehículo sin placas y una motocicleta.

Aunque escaparon, el miedo se volvió insoportable. Tras el incidente, la familia decidió abandonar Riobamba. Cerraron el negocio, dejaron su vivienda y se trasladaron a otra ciudad, desde allí, interpusieron una denuncia formal y solicitaron medidas de protección urgentes.

Los denunciantes aseguran que los agresores se identificaban como miembros del Grupo Delictivo Organizado (GDO) Los Lobos, una estructura criminal que ha ganado notoriedad por su violento accionar, incluso desde los centros penitenciarios del país.

En sus testimonios, mencionan que algunos de los individuos eran de nacionalidad venezolana y operaban con total impunidad en Riobamba.

La denuncia, presentada con asistencia legal, solicita la asignación de un agente investigador y la activación de protocolos de protección a víctimas. Hasta la fecha, no se han producido detenciones ni avances significativos en el caso.

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