Por: Ugo Stornaiolo
La nota periodística pasó inadvertida, pero es decidora. “Quiero ser sicario, tiguerón o delincuente”, dicen adolescentes guayaquileños. Si se les pregunta por qué, su respuesta es “me dan billete”. Jóvenes entre 10 y 16 años que aún estudian o desertaron del sistema escolar y tienen como objetivo ser parte de las bandas que operan en las zonas calientes del país donde el mapa de la delincuencia ofrece datos desgarradores.
Esos jóvenes que, para algún iluminado asambleísta, “deben ser juzgados como adultos”, contraviniendo convenciones internacionales sobre niñez y adolescencia. Esto consta en el proyecto de ley de Integridad Pública y todo indica que así será aprobado en la Asamblea, hasta cuando lo eche abajo la “muy soberana” Corte Constitucional.
Penalistas como Pablo Encalada, Ramiro García y Felipe Rodríguez coinciden en que no se puede juzgar a los adolescentes como adultos porque es inconstitucional y porque la Asamblea no puede legislar contra los tratados internacionales de los que el país forma parte.
Pero, volviendo a lo otro, hay preocupación porque la pobreza, el desempleo y el hambre crecen. Es obvio que muchos niños y adolescentes dejan la educación formal y se unen al crimen organizado y, por “un puñado de dólares”, son reclutados fácilmente.
Las “escuelas del sicariato” no son un fenómeno reciente. Este “negocio” se incubó hace casi dos décadas, cuando el régimen correísta aprobó “la ciudadanía universal” y permitió entrar al país a toda clase de truhanes. El resto fue, como dicen los políticos, “trabajo en territorio”. Por eso, “florecieron” la trata de personas, el reclutamiento sexual de niños y adolescentes, microtráfico en las calles y los niños sicarios.
Para los legisladores la solución parece sencilla: juzgarlos como adultos, porque como son menores de edad cometen sus fechorías, bajo el amparo de una impunidad y leyes que protegen a los delincuentes de cualquier edad bajo el pretexto de “los derechos humanos”.
En el caso de los menores infractores es discutible. ¿Cuándo llega el “uso de la razón”? En condiciones normales es a los 25 años. Pero, estos chicos lo vivieron todo en las calles, se “educaron” en la transgresión, la muerte y el delito y maduraron rápidamente. Por eso, su entrada al crimen organizado es para ser “aceptados e importantes” y así se “gradúan” en el delito. ¿Por qué sorprende, si otros iluminados aprobaron en la Constituyente de Montecristi el voto a los 16 años? Pueden votar, pero también pueden matar. Cosas de la politiquería criolla…
