FRAUDE
Cinco aspirantes intentaron burlar el sistema de admisión de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) usando documentos falsificados. La universidad activó su protocolo institucional y la Policía los detuvo en flagrancia.
Ahora enfrentan una investigación fiscal por suplantación de identidad y falsificación de documentos públicos. Todo ocurrió durante la jornada de admisión, el sábado 28 de junio.
Durante el control de ingreso a las aulas, el personal de la Coordinación de Admisión y Nivelación detectó irregularidades en los documentos de algunos postulantes. Lo que en un principio parecía un simple error administrativo, pronto se convirtió en un caso penal.
Al verificar los códigos QR de cédulas y certificados presentados, se evidenció que no coincidían con la información oficial del sistema. La falsificación era evidente. El fraude acababa de ser descubierto. El sistema de verificación documental instalado por la UNACH no falló, el personal activó el protocolo institucional previsto para estos casos.
La Policía Nacional llegó al campus y procedió con la detención inmediata de los sospechosos, en un operativo que sorprendió tanto a aspirantes como a docentes y autoridades presentes. Los documentos falsificados incluían dos cédulas de identidad alteradas, tres certificados de identidad y estado civil manipulados.
Un sexto caso se encuentra en proceso de análisis, debido a una posible falla documental que aún no ha sido confirmada como fraude intencional. Los cinco implicados fueron aprehendidos en delito flagrante, lo que permitió acelerar el procedimiento judicial.
El domingo 29 de junio, a las 17h00, se realizó la audiencia correspondiente, bajo cargos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los cinco detenidos, lejos de iniciar su vida universitaria, ahora enfrentan un proceso penal que podría marcar su futuro con una condena judicial. Las autoridades no descartan que este caso sea parte de un esquema más amplio.
La Fiscalía ha abierto líneas de investigación para determinar si existe una red organizada que facilita documentos falsos a cambio de dinero, como ya ha ocurrido en otros procesos educativos en el país. El hecho de que los documentos falsificados incluyeran elementos como QR manipulados y coincidencias parciales con datos reales ha generado sospechas de que no se trata de simples alteraciones caseras.
El caso fue asumido por la Fiscalía General del Estado, que formalizó cargos por falsificación de documentos públicos y usurpación de identidad. Ambos delitos son graves y, de ser hallados culpables, los detenidos podrían enfrentar penas de entre cinco y siete años de prisión.
Estas conductas no solo afectan la integridad del sistema educativo, sino que también constituyen un delito penal que empaña la imagen del proceso de acceso a la educación superior, ya de por sí presionado por la alta demanda y la competencia.
