CORRUPCIÓN
En una acción conjunta, la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y el Consejo de la Judicatura llevaron a cabo un operativo en seis inmuebles relacionados con la jueza Laura G., de la Sala Civil de la Corte Provincial, en Riobamba. La investigación se centra en una presunta red de corrupción que incluiría asociación ilícita, tráfico de influencias y usurpación de funciones.
Según fuentes oficiales, la magistrada habría entregado borradores de sentencias a abogados privados para que estos los difundieran o “comercializaran” en casos judiciales, lo que encendió las alarmas.
Durante el allanamiento se incautaron documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios que podrían sustentar las acusaciones. Hasta el momento no se han reportado detenciones, aunque el caso está en una fase preliminar.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, describió este como el segundo operativo grande de depuración judicial realizado en pocos días. Afirmó que estos casos no son aislados y que se busca transformar el sistema con base en evidencias concretas.
El caso ha sido bautizado informalmente como “Bufete con Toga”, en referencia al supuesto tráfico de decisiones judiciales a abogados externos. También se allanaron oficinas de profesionales vinculados, como los abogados Jorge M. y Cristina S., y una persona jurídica vinculada.
