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jueves, agosto 14, 2025

Requisa en la cárcel de mujeres en Riobamba dejó varias novedades

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CONTROL

Entre barrotes y paredes silenciosas, donde la rutina parece devorar el tiempo y el olvido pesa más que el encierro, la realidad de la Cárcel de Mujeres de Riobamba acaba de mostrar una cara menos conocida y mucho más inquietante. Una reciente intervención militar descubrió que, por cada cuatro internas, una tenía un teléfono celular escondido.

La Brigada de Caballería Blindada decomisó celulares, armas corto punzantes, licor artesanal y dinero en efectivo.

La Brigada de Caballería Blindada ejecutó una operación sorpresa al interior de la cárcel de mujeres de Riobamba, revisando minuciosamente las celdas de aproximadamente 60 privadas de libertad (PPL). El resultado del operativo fue revelador y dejó en evidencia la presencia de una preocupante cantidad de objetos prohibidos que circulaban dentro del centro penitenciario.

Durante la intervención se decomisaron 16 teléfonos celulares con sus respectivos 16 cargadores, 25 armas corto punzantes de fabricación artesanal, licor casero oculto en botellas comunes, dinero en efectivo y una variedad de objetos no autorizados.

Lo que más llamó la atención del equipo militar fue la organización, teléfonos perfectamente escondidos, camuflados en compartimientos improvisados, y cargadores disfrazados entre productos de higiene.  Entre los hallazgos también se confiscó licor artesanal, una constante en cárceles de todo el país.

Se destila a escondidas, en procesos rudimentarios, con ingredientes de dudosa procedencia.  Pero lo más preocupante y lo que marca una diferencia clara en este operativo fue el arsenal de armas corto punzantes. 25 en total. Desde cuchillos hechos con cepillos de dientes hasta navajas ocultas en fundas de maquillaje.

Algunas internas las fabricaron, otras las recibieron del exterior. En cualquier caso, su existencia habla de una violencia subterránea que se cuece entre rejas y silencios. La operación fue ejecutada con presencia exclusiva de mujeres militares, para garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar denuncias de abusos, como ha ocurrido en el pasado en otros centros penitenciarios.

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