Por esnobismo político-doctrinario, la “revolución ciudadana”, liderada por Correa, cambió el nombre de penitenciaría a Centro de Rehabilitación Social, ignorando el verdadero concepto académico de penitenciaria como “establecimiento penitenciario en que sufren condenas los penados, sujetos a un régimen que, haciéndoles expiar sus delitos, va orientado a su enmienda y mejora”; es decir a su rehabilitación. Y en este juego de palabras, de eufemismos, los antisociales, los presos en las cárceles (sitios donde se encierra y asegura a los presos), pasaron a llamarse “personas privadas de libertad (PPL).
¿Cuál es la realidad? Ni las cárceles aseguran a los presos, ni los presos están privados de la libertad. De hecho, los presos en medio de su hacinamiento no están seguros y los capos, con la complicidad de los guías penitenciarios, tienen libertad para portar armas blancas y de las otras dentro de las cárceles; tienen libertad para generar episodios sangrientos, motines y matanzas con ríos de sangre como ha ocurrido en Latacunga, Cuenca, Guayaquil, Portoviejo, Esmeraldas donde hay gran circulación de droga y dinero, celulares para los ajustes de cuentas entre las bandas mafiosas.
Por los informes policiales, se conoce que las instrucciones y operaciones delictivas son dispuestas por los capos detenidos, presos. Es decir, por los PPL quienes, cómodamente haciendo uso de teléfonos celulares, prohibidos al interior de las cárceles, organizan todo: asesinar, secuestrar, planificar asaltos a las instituciones financieras, extorsionar o comprar jueces en complicidad de los guías.
Cuán equivocados estaban los “revolucionarios” al pensar que, con la ridiculez de PPL, se llevaría a cabo la rehabilitación de los delincuentes y se acabaría con la estructura cómplice que los protege, así como el hacinamiento de las cárceles. La ciudadanía, entre la sorpresa, la indignación y la impotencia, comprueba día a día, que ocurre todo lo contrario. El crimen organizado, ahora liderado por los PPL desde los Centros de Rehabilitación, se ha multiplicado y fortalecido, porque ciertos jueces sucumben ante la amenaza delincuencial o el dinero. Solo así se explica que malhechores sorprendidos en robos, asaltos y más delitos, registren un historial delictivo con más de 70 detenciones, lo que evidencia la benignidad de las leyes a favor de los delincuentes y la permisividad o desidia de los operadores de justicia en perjuicio de la sociedad.
