SENTENCIA
La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, con un fallo de mayoría, ratificó la sentencia que condena a 34 años y ocho meses de prisión a cuatro integrantes de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), responsables de un brutal triple asesinato ocurrido el 13 de julio del 2023.
La decisión, que es vista como un paso hacia la justicia y la seguridad en la provincia, confirma el peso de la lucha contra las organizaciones criminales que amenazan con desbordar los límites de lo tolerable.
Los hechos suscitaron la madrugada del 13 de julio de 2023, tres hombres de entre 25 y 35 años fueron hallados sin vida en la carretera Riobamba-Guaranda, en un terreno apartado de la vía. Las víctimas presentaban signos evidentes de tortura, con huellas de violencia física extrema y, lo peor es que estaban con impactos de bala.
Las primeras investigaciones indicaron que los hombres fueron ejecutados por miembros de un grupo criminal organizado, lo que sembró el pánico entre los habitantes de la zona, acostumbrados a convivir con el crimen, pero no a enfrentarse a este nivel de violencia.
La respuesta del sistema de justicia no se hizo esperar. Gracias a un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado y la Dirección Nacional de Policía Especializada en Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), los responsables fueron detenidos poco después del crimen.
La rapidez con la que se ejecutó la captura fue un factor crucial para evitar que los culpables pudieran evadir la justicia. La detención fue producto de un exhaustivo trabajo de inteligencia y análisis forense, que permitió ubicar a los sospechosos en el lugar exacto del crimen y recolectar pruebas suficientes para proceder con las acusaciones.
Según el informe presentado por el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías, las pruebas consistieron en testimonios de policías, informes forenses que confirmaron que las víctimas murieron por hemorragia producto de múltiples disparos, y pericias comparativas, como la identificación de un zapato perteneciente a uno de los victimarios encontrado en la escena del crimen.
Riobamba y otras ciudades del Ecuador continúan siendo epicentros de una violencia que, a menudo, se disfraza de impunidad.
En la audiencia de apelación, los abogados de los imputados intentaron derrumbar la acusación, argumentando que no se había presentado evidencia suficiente para probar la responsabilidad de sus defendidos.
Sin embargo, la Fiscalía no solo presentó las pruebas materiales y testimoniales ya mencionadas, sino que también destacó el carácter organizado y premeditado del crimen, lo que fortaleció aún más la acusación. Aparte de la condena de prisión, la Corte también ratificó la obligación de los sentenciados de pagar una indemnización de $40,000 a los familiares de las víctimas.
