Por: Alfonso Espín
Desde la ciencia jurídica, es indiscutible la sinrazón entre lo que significa el Estado de derecho, que debe sostener cualquier Corte Constitucional y la actividad política, en este caso del presidente de turno; pues el marco jurídico es el que debe dar vida a las acciones de la Corte, mientras que el respaldo popular, es el que sostiene a los gobernantes, por el hecho de ser políticos, pero ninguna de las dos vertientes puede alejarse del orden normativo democrático.
Sin embargo, sin el afán de apartarnos de las razones técnicas, hay verdades que el pueblo llano, el ciudadano de a pie vive día a día y, tanto quien nos gobierna, como las instituciones del Estado: Asamblea Nacional, Corte Constitucional y más, deben dentro del marco legal procurar siempre el arreglo a esos males.
Vale preguntarnos quién nos dirige desde los diferentes poderes del Estado y las más importantes instituciones judiciales y de control y, lamentablemente tanto en la derecha e izquierda ideológicas, los personeros, con las excepciones del caso, son de mediana y paupérrima condición moral y académica, cosa que pasa también en plano internacional, pues en Brasil, por ejemplo y con los respetos del caso a determinados oficios y profesiones, el mandatario Lula, de izquierda, es un metalmecánico y su oponente Bolsonaro, de derecha, un militar retirado, actividades que no les califican eficientemente para ejercer tan altos cargos.
En Venezuela, Maduro, de izquierda, es un exconductor de buses, al punto que el pueblo ha buscado en la derecha algún sostén y se ha topado con banqueros e inversionistas, actividades que no siendo ilegales, desangran perversamente a los ciudadanos, pues solamente en cada transacción por cajero automático se cobra obligatoriamente 0,52 centavos y si el usuario no es muy acucioso al leer las preguntas engañosamente planteadas en el interface de la máquina, pierde 0,36 ctvs más en cada retiro, por impresión del comprobante; peor todavía si pensamos en las tasas de interés crediticio en el Ecuador, que oscilan entre el 11% y 15%, el negocio de la banca es muy lucrativo para sus dueños, pero pernicioso para los clientes.
El pueblo quiere mejorar sus condiciones de vida, aspira ser atendido en su salud, poder sostener a sus hijos, brindarles educación, alimentarse, tener seguridad, justicia y trabajar para vivir con dignidad y en esos afanes, no son comprensibles las actuaciones de ese llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por ejemplo, y peor el de tanto asambleísta con pasados deplorables y actuaciones perversamente infames; como tampoco entiende sobre la falta de medicinas, la imposibilidad de trabajar en su propio país y entonces, cae fácilmente en las ofertas y actuaciones políticas que dicen son para su beneficio, aunque quieran romper el Estado de derecho.
La calificación que la Corte Constitucional debe hacer a las preguntas enviadas por el Ejecutivo, no significan una interpretación a favor o en contra de sus contenidos, sino a sus circunstancias constitucionales, le guste o no a sus magistrados y lo mismo al primer mandatario.
Tanto el carácter sustancial en cuanto a las necesidades reales de la ciudadanía, como las condiciones de ajuste al orden legal y democrático de la consulta, serán los pilares fundamentales para caminar con orden e institucionalidad a decisiones en beneficio del país.
