POLÍTICA
Un tribunal de justicia indígena en Cotopaxi obligó a tres agentes de la Policía Nacional a pedir disculpas públicas al líder indígena Leónidas Iza, tras haber sido retenidos por presuntamente realizar labores de inteligencia sin autorización dentro de territorio ancestral.
El hecho, que se desarrolló en medio de un ambiente tenso y con presencia de al menos 300 comuneros, reavivó el debate nacional sobre los límites entre la justicia indígena y el poder estatal.
El episodio ocurrió en el patio de una escuela intercultural en la parroquia Planchaloma, donde la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc) instaló un tribunal comunitario que juzgó a los agentes Carlos Uvidia, Bryan Díaz y Kevin Guamán Inga, quienes fueron interceptados por la comunidad de San Ignacio mientras presuntamente seguían al exlíder de la CONAIE.
Los policías, rodeados por dirigentes y comuneros, no pudieron justificar su presencia en el lugar ni su aparente vigilancia sobre Iza, quien denunció haber sido seguido durante varios días. Como castigo, el tribunal dictó una sentencia inusual pero simbólica: los uniformados debían arrepentirse, pedir disculpas al dirigente y prometer no ingresar durante diez años a territorios de la Unocanc.
En los dispositivos encontraron miles de mensajes que evidenciarían seguimiento continuo al dirigente. Con esta evidencia, decidieron someter a los agentes a la justicia indígena, en un proceso que duró tres días. Durante ese tiempo, los policías permanecieron retenidos en la comunidad, mientras en paralelo la Policía Nacional intentaba su liberación a través de un recurso de habeas corpus.
En la audiencia del 21 de agosto, los tres policías fueron colocados frente a Iza, quien escuchó atentamente las disculpas. “No fue con mala intención”, dijo uno de los agentes. “Pedimos perdón por ingresar a su territorio”, repitieron los tres uniformados, quienes además se comprometieron a retirar la denuncia por secuestro interpuesta por la Policía Nacional.
Leónidas Iza aceptó las disculpas a título personal, pero advirtió: “Esto no se termina aquí. Esto es parte de una persecución política, y hago responsable al presidente Noboa por lo que pueda pasarme”. El caso cobró un giro inesperado cuando, durante la audiencia comunitaria, se mencionaron los nombres de Telmo Punina y Fernando Guamán como supuestos colaboradores del plan de seguimiento.
Ambos estarían vinculados al Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), lo que fue rechazado, Guamán, presidente del Comich, negó cualquier conexión con el presunto intento de atentado y pidió pruebas claras. “Que presenten un solo chat, un solo documento que pruebe nuestra participación. Esto es falso”, afirmó.
En respuesta a la crisis, Comich convocó a una asamblea provincial para este 23 de agosto en Riobamba. En el encuentro se abordarán las tensiones políticas, la supuesta infiltración de inteligencia estatal y la necesidad de fortalecer la unidad del movimiento indígena. La organización insistió en que no permitirá divisiones internas ni acusaciones sin sustento.
