ECONOMÍA
El 26 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Transparencia Social también conocida como Ley de Fundaciones, que incorpora reformas tributarias significativas. La normativa impone un impuesto fijo del 12 % sobre dividendos y utilidades distribuidas, y un gravamen adicional de hasta el 2,5 % sobre las utilidades retenidas, generando críticas por configurarse como una doble tributación que podría afectar especialmente a pequeñas y medianas empresas.
El economista Alberto Acosta Búrneo señaló que esta medida penaliza a las empresas: “Una compañía que ya pagó el 25 % de Impuesto a la Renta y el 15 % de participación a trabajadores, ahora tiene que pagar hasta un 2,5 % adicional sobre ese mismo monto. En la práctica, es volver a gravar lo que ya tributó”.
Por su parte, Joselo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, advirtió que el nuevo impuesto podría mermar la competitividad del país. “El costo adicional para hacer empresa en el país explica los altos niveles de informalidad… esto envía una señal negativa a los inversionistas internacionales”, afirmó.
Se estima que el sistema tributario ecuatoriano ya incluye entre 13 y 15 impuestos distintos como IVA, ICE, ISD, autorretenciones y tributos municipales por lo que esta nueva norma podría representar una carga excesiva para el sector privado.
Además de lo fiscal, la ley establece otras disposiciones importantes:
- Obligatoriedad de registro: ONG y fundaciones sin fines de lucro tendrán un plazo de 180 días para inscribirse en el Sistema Unificado de Información.
- Control por riesgo: Las organizaciones serán clasificadas en categorías (alto, medio, bajo riesgo), y deberán implementar mecanismos de integridad institucional, transparencia y rendición de cuentas.
- Transitorias financieras y mineras: Incluye medidas como condonación de multas y deudas del IESS, inmovilización de fondos sospechosos y reformas a la normativa minera.
Especialistas advierten que esta amalgama de reformas tributarias, de control civil y de gestión pública podría generar inseguridad jurídica y desincentivar la inversión tanto nacional como extranjera.
