INVESTIGACIÓN
Un caso de presunta extorsión para visitar el volcán Chimborazo ha provocado un revuelo en las redes sociales y ha llegado hasta los despachos de la Fiscalía General del Estado. La denuncia fue presentada el 28 de agosto por el Ministerio del Ambiente, tras conocer las quejas de varios turistas que fueron obligados a pagar 45 dólares para poder ingresar a la reserva, a pesar de que la entrada es gratuita.
La ministra del Ambiente, María Luisa Cruz, expresó su total rechazo a cualquier tipo de práctica ilegal que atente contra el derecho de los ciudadanos y el orden en las áreas protegidas del país. “Denunciamos el caso en la Fiscalía para que inicie de inmediato una investigación por el presunto delito de extorsión. No permitiremos redes irregulares en nuestras áreas protegidas”, destacó Cruz.
El incidente ocurrió cuando un grupo de turistas nacionales, provenientes de varias partes del Ecuador, fueron detenidos al ingresar a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, un sitio considerado patrimonio natural del país. Según los testimonios, los visitantes fueron interceptados por varios comuneros que, bajo amenazas de no permitirles el paso, les exigieron el pago de 45 dólares para continuar con su expedición.
Los afectados manifestaron a través de redes sociales que, a pesar de que el acceso al volcán es completamente gratuito, se les advirtió que solo si abonaban la cantidad solicitada podrían proceder. “O pagan o no pasan”, fue la frase que se repitió entre los turistas, quienes sorprendidos por la situación decidieron grabar y compartir la experiencia con sus seguidores, lo que generó una rápida viralización en las plataformas digitales.
En un contexto nacional marcado por el aumento de la inseguridad, este tipo de denuncias son especialmente delicadas, pues se suman a un panorama de desconfianza generalizada en las instituciones y en la convivencia en espacios públicos. Las autoridades temen que incidentes como estos puedan empañar la imagen de uno de los principales atractivos turísticos del Ecuador.
El hecho surge en medio de un proceso de reformas dentro del sector público, con la reciente fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía, un cambio estructural impulsado por el presidente Noboa.
Pese a las medidas anunciadas por la ministra Cruz, la situación ha generado críticas y preocupaciones sobre el control y la seguridad en las zonas protegidas, especialmente cuando muchos viajeros recurren a la contratación de guías locales de montaña como requisito para realizar ascensos de alto riesgo.
Con la denuncia ya formalizada, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer si los cobros ilegales a turistas en la reserva del volcán Chimborazo fueron realizados por individuos aislados o si existe una red organizada que opera bajo el amparo de la comunidad local.
Mientras tanto, el Ministerio del Ambiente ha anunciado un reforzamiento inmediato de los controles de ingreso y vigilancia en la zona, ante el temor de que prácticas similares se estén replicando en otras áreas protegidas del país.
La ministra del Ambiente, María Luisa Cruz Riofrío, aseguró que se lanzará una campaña de sensibilización para educar a las comunidades y proteger los recursos naturales, evitando que actos irregulares dañen la experiencia de los visitantes y la reputación del Ecuador como destino turístico.
El caso Chimborazo refleja una problemática más profunda: la inseguridad y la presencia de redes informales en zonas turísticas, que exigen al Estado medidas urgentes para garantizar orden, legalidad y confianza en los espacios naturales del país.
