AUDIENCIA
Tras siete largos años de espera, el juicio por la presunta violación de una niña con discapacidad finalmente se instaló. Pero la esperanza de justicia pronto se convirtió en indignación: la audiencia fue suspendida. El tribunal alegó “razones técnicas” y otorgó un plazo de 15 días para emitir su resolución por videoconferencia, dejando a la víctima, a su familia y a quienes la acompañaban, sumidos en la frustración.
El 2 de septiembre, en Riobamba se llenó de rostros firmes, pañuelos morados y gritos de justicia. Representantes de organizaciones sociales, activistas por los derechos humanos y mujeres que viajaron desde otras provincias acompañaron a la joven víctima, en una jornada que esperaban histórica. Sin embargo, salieron con una sensación amarga: la justicia sigue siendo esquiva para quienes más la necesitan.
La víctima tenía apenas 13 años cuando empezó el infierno. Con un 66% de discapacidad intelectual, es una niña extremadamente vulnerable, expuesta a un entorno familiar complicado y sin la protección adecuada. En ese contexto, según la acusación fiscal, fue violada repetidamente por un hombre de 61 años que se aprovechó de su abandono.
La situación salió a la luz en 2017, gracias a la intervención de voluntarios que detectaron su estado crítico. Tras exámenes médicos se confirmó lo impensable: la niña tenía un embarazo avanzado de 35 semanas. A pesar de su condición, pudo identificar con claridad al agresor. Lo nombró, lo señaló, lo recordó. Y aún lo recuerda.
La Fundación Surkuna, que asumió la defensa de la menor, denunció desde el inicio que este caso no era aislado. La violencia que sufrió la niña formaba parte de un contexto más amplio, donde varios miembros de su familia también con discapacidad intelectual vivían en condiciones alarmantes. Desde su rescate, la niña fue ingresada en una casa de acogida especializada.
Allí empezó, poco a poco, un proceso de recuperación física y emocional. Pero el proceso judicial, en cambio, avanzaba a paso lento, casi inmóvil. El sospechoso huyó apenas se conoció la denuncia. Pasó más de un año prófugo, hasta ser capturado en Nanegalito, provincia de Pichincha, en 2018. Durante ese tiempo, integró la lista de los más buscados del país.
A pesar de su detención, el procesado se negó sistemáticamente a colaborar con la justicia. Nunca se presentó a la prueba de ADN solicitada por el tribunal, un elemento clave en el proceso judicial. Su negativa fue una de las tantas piedras en el camino hacia una sentencia que, hasta hoy, no llega.
El 2 de septiembre de 2025 debía marcar un antes y un después. Las organizaciones presentes esperaban una resolución firme, una condena ejemplar, una reparación para la niña. Sin embargo, la audiencia fue interrumpida y suspendida por el tribunal, que anunció que la decisión se emitiría dentro de 15 días, a través de videoconferencia.
Para muchos, la suspensión fue un golpe. “Después de tanto esperar, después de tanto luchar, la justicia no puede ser una promesa que se aplaza otra vez”, dijo con voz entrecortada una vocera de Surkuna.
