ESTAFA
En una oficina aparentemente formal, con logo visible y papeles sobre la mesa, una joven pareja creyó estar dando el primer paso hacia su sueño: tener una casa propia. Lo que no sabían era que estaban cayendo en manos de un estafador. Ese supuesto agente inmobiliario, Irving T., enfrenta cargos por el delito de estafa, luego de haber recibido 5.000 dólares en efectivo por la venta de un inmueble que nunca le perteneció.
Según la investigación de la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano N.º 1, Irving T. operaba bajo la fachada de ser representante legal de la supuesta agencia inmobiliaria “Mandala”. Con documentos, tarjetas y hasta oficinas en funcionamiento, ofrecía inmuebles en distintos sectores de Riobamba, entre ellos una vivienda ubicada en la ciudadela Pucará. En diciembre de 2022, una pareja de esposos decidió cerrar el trato.
Acordaron la compra de la casa por 37.000 dólares, y como adelanto entregaron 5.000 en efectivo directamente en las oficinas de la inmobiliaria. Hasta ese momento, todo parecía legítimo. Pero el sueño se transformó en pesadilla cuando pasaron los días y el vendedor empezó a desaparecer: no respondía llamadas, bloqueó sus redes y dejó sin rastro de continuidad. Lo más grave del caso: el inmueble no era de su propiedad.
No existía ningún contrato legal, ni autorización del verdadero dueño, ni respaldo jurídico alguno que permitiera la venta. Lo que ofrecía era humo. El caso llegó a conocimiento de la Fiscalía luego de que la pareja afectada, desesperada por recuperar al menos parte del dinero entregado, presentara una denuncia formal.
Durante la audiencia desarrollada el 3 de septiembre, la fiscal del caso expuso varios elementos de convicción que sustentan la acusación: el testimonio directo de las víctimas, la denuncia presentada, el informe de reconocimiento del inmueble, así como registros bancarios y de identificación del procesado.
Además, se reveló que Irving T. ya enfrenta otros procesos penales por delitos similares. No era un improvisado, sino alguien con experiencia en el arte del engaño. Tras la audiencia, el juez dictó prisión preventiva para el procesado y ordenó el inicio de una instrucción fiscal de 90 días, tiempo en el que se recogerán más pruebas y testimonios.
