ESTAFA
La Fiscalía amplió el cerco judicial en torno a la presunta red de captación ilegal de dinero que sacude a la provincia de Chimborazo y que habría dejado a más de 460 familias en la ruina. La Unidad Judicial de Riobamba, el Ministerio Público vinculó a dos nuevas personas al proceso, elevando a nueve el número de procesados en un caso que supera los 2,4 millones de dólares en perjuicios económicos.
Durante la audiencia, la Fiscalía de Patrimonio Ciudadano N.º 1 presentó más de 100 elementos de convicción que, según la institución, evidencian la participación directa de Sabrina M. y Adriana T. dentro de la estructura delictiva que operaba bajo la fachada de una empresa financiera.
Ante la contundencia de la evidencia, el juez de Garantías Penales acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva para ambas procesadas. No obstante, ni Sabrina M. ni Adriana T. se presentaron a la diligencia judicial, por lo que actualmente son consideradas prófugas de la justicia.
Frente a esta situación, la Policía Nacional en coordinación con Interpol activaron una notificación de difusión roja con el fin de localizarlas y proceder a su captura a nivel nacional e internacional. Las investigaciones revelan que ambas forman parte de una organización criminal que operaba bajo el nombre de “SAALDA S. A.”, una supuesta empresa de inversiones que no contaba con los permisos correspondientes ni de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para realizar actividades financieras reguladas.
El esquema fraudulento prometía a sus clientes la multiplicación de sus ahorros mediante inversiones en bolsa y operaciones de trading en plataformas internacionales. Ofrecían retornos mensuales que iban desde un 12 % hasta cifras exorbitantes de hasta el 200 %, lo que generó un gran atractivo entre cientos de ciudadanos, principalmente de las localidades de Riobamba y Guano.
Confiando en las promesas de la empresa, muchas familias entregaron sus ahorros con la esperanza de mejorar su situación económica. Sin embargo, la ilusión pronto se convirtió en una pesadilla cuando los supuestos dividendos dejaron de llegar. Tras múltiples denuncias, la Fiscalía logró destapar lo que califican como una estafa financiera de gran escala, que ha dejado a más de 460 familias en la ruina.
Para los afectados, lo que inicialmente parecía una oportunidad legítima de inversión terminó siendo una trampa que les arrebató sus recursos económicos.
El 6 de junio, la Fiscalía y la Policía ejecutaron ocho allanamientos simultáneos en Riobamba y Guano. Como resultado fueron detenidos los primeros siete procesados. En esos operativos se incautaron computadoras, teléfonos móviles y documentos relacionados con las supuestas inversiones. Estos indicios se sumaron a la investigación que hoy coloca a dos nuevas personas en la lista de buscados por la justicia.
