Un nuevo capítulo se suma al complejo caso por el magnicidio de Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023. Esta vez, el protagonista es Daniel Salcedo, conocido por sus múltiples condenas por corrupción y sus intentos de evadir a la justicia ecuatoriana. Según el testimonio de un exagente de inteligencia, Salcedo habría ofrecido USD 1 millón a Juan Fernando Petro, hermano del presidente colombiano Gustavo Petro, a cambio de obtener asilo político en Colombia.
La revelación forma parte de una declaración voluntaria rendida ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y fue difundida este viernes como parte del expediente que investiga la autoría intelectual del asesinato de Villavicencio. El testigo clave, identificado como R. P. H. R., de 36 años, es un exagente de la Unidad de Investigación Antidelincuencial (UIAD) y se encuentra actualmente recluido en el Centro de Privación de Libertad Pichincha N.º 2.
Durante su declaración, afirmó haber conocido a Salcedo en prisión, y posteriormente haber trabajado para él como parte de su equipo de seguridad, aprovechando su experiencia en tareas de inteligencia. “Me convertí en su mano derecha”, aseguró el exuniformado, quien dijo haber presenciado movimientos que, de ser confirmados, podrían comprometer a figuras del más alto nivel político.
Uno de los episodios más comprometedores relatados por el testigo ocurrió, según dijo, en diciembre de 2023, cuando mantuvo una reunión en un hotel de Bogotá con Juan Fernando Petro. Allí, aseguró, se discutió la posibilidad de tramitar un asilo político para Salcedo, a cambio de una suma millonaria. “Tratamos algunos asuntos; uno de ellos fue sacar un asilo político para el señor Daniel Salcedo. Nos costaría un millón de dólares: medio millón sería entregado en Pasto, Colombia.
La declaración, ahora parte oficial del expediente fiscal, abre una línea de investigación internacional que podría salpicar al entorno del presidente colombiano. El exagente señaló que Salcedo rara vez entregaba dinero directamente, pero sí ofrecía “puestos públicos” como retribución a quienes colaboraban con él.
Según dijo, el ahora procesado tenía “muchos contactos en el sector público” y los utilizaba como parte de su red de protección. En su testimonio, también vinculó al exministro del Interior José Serrano, quien supuestamente le habría ordenado realizar seguimientos a Fernando Villavicencio cuando este aún era asambleísta.
