ECONOMÍA
La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, que elevó su precio de USD 1,79 a USD 2,80 por galón, se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate económico y social de las últimas semanas.
Aunque no todos los ciudadanos consumen este combustible de manera directa, su presencia en la cadena productiva es tan amplia que los efectos se sienten en el transporte, la industria y, en última instancia, en los precios de los productos de la canasta básica.
Según expertos, cerca del 90% de los alimentos que llegan a la mesa de los ecuatorianos tienen alguna relación con el diésel, ya sea en la producción agrícola, el transporte de insumos, la industrialización o la distribución. La pregunta que flota en el ambiente es inevitable: ¿se encarecerá la vida diaria de los hogares?
Lo que sí y lo que no debería encarecerse
El impacto más visible podría darse en el transporte público y en ciertos bienes de consumo, aunque no en la proporción del 50% que representa el alza del combustible. “No hay ninguna razón para subir pasajes, fletes y productos”, advirtió la portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, en rueda de prensa.
El Gobierno insiste en que las medidas compensatorias —bonos, créditos y programas productivos— permitirán neutralizar el efecto en sectores sensibles. Sin embargo, especialistas advierten que el riesgo real no está en el costo directo del diésel, sino en la especulación. “Es probable que algunos actores aprovechen el contexto para justificar aumentos desmedidos”, señaló un analista económico.
¿Se perderán empleos?
El sector empresarial descarta un impacto fuerte en el empleo. La eliminación del subsidio no debería ser motivo de despidos, aunque sí introduce tensiones en sectores vulnerables como la transportación.
Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, reconoció que el gremio es uno de los más expuestos: “No es solo el tema de la compensación. Los transportistas tenemos varios temas que se pueden presentar en el camino”.
El plan de compensaciones y sus plazos
El Gobierno anunció un paquete de ayudas para transportistas, agricultores y pescadores. El apoyo incluye pagos de entre USD 400 y 1.000 al mes, créditos blandos y asistencia productiva. Según el ministro de Transporte, Roberto Luque, la compensación será inicialmente por ocho meses, aunque podría extenderse hasta un año.
“Durante ese tiempo se puede abrir un espectro con el que conozcamos a fondo la realidad del transportista y el usuario”, indicó Brunis. El gremio mantendrá mesas de diálogo con el Ejecutivo, que ya trabaja en el registro de beneficiarios y en ajustes logísticos.
El sector privado, representado en cámaras de comercio e industria, también participa en la discusión para evaluar posibles impactos y garantizar que el incremento del diésel no se traduzca en inflación desmedida.
La ministra de Economía, Sariha Moya, aseguró que el Gobierno de Daniel Noboa no tocará el subsidio del gas doméstico (GLP), un tema que ha generado especulación en los últimos días, luego del alza del diésel.
Entre las cuentas fiscales y el riesgo social
Eliminar el subsidio al diésel libera al Estado de un gasto que superaba los USD 1.100 millones al año, recursos que podrían destinarse a salud, educación, seguridad y obra pública.
Pero el costo político y social es elevado: si las compensaciones no funcionan o no llegan a tiempo, existe el riesgo de que surjan más protestas y presiones para revertir la medida. Por ahora, más de 1.100 agentes de control fueron desplegados en mercados y puntos de venta para vigilar que no se registren aumentos injustificados en los productos básicos.
Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿será esta una medida que sincerará la economía del país o un detonante de nuevas tensiones sociales? La respuesta, coinciden expertos y gremios, dependerá de la eficiencia con que el Gobierno logre aplicar las compensaciones y evitar que el fin del subsidio se traduzca en un nuevo golpe al bolsillo ciudadano.
La eliminación del subsidio, sin una estrategia clara de compensación o sin plazos de adaptación, puede afectar la competitividad del país en un sector que, hasta ahora, ha sido uno de los motores de la economía. El efecto final de esta decisión, entonces, dependerá no solo de lo que se retire, sino también de lo que se construya en su lugar.
