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jueves, septiembre 18, 2025

AME advierte que el transporte público sí podría subir de precio

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TRANSPORTE

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) advirtió este 16 de septiembre de 2025 que el costo del pasaje urbano sí se incrementará como consecuencia de la eliminación del subsidio al diésel, una vez que concluyan las compensaciones económicas del Gobierno, previstas entre ocho y 12 meses.

AME indica que el pasaje de bus subirá después de 8 o 12 meses.

En un comunicado, la AME detalló que cada bus de transporte urbano enfrentará un sobrecosto mensual aproximado de USD 570 por unidad debido al incremento en el precio del combustible. “Esta presión financiera se trasladará directamente a la ciudadanía en forma de incrementos de entre cinco y diez centavos en el valor del pasaje”, precisó la entidad.

La organización recordó que los municipios tienen la facultad legal para planificar y regular el transporte intracantonal y aprobar las tarifas, como lo señaló el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.

Sin embargo, recalcó que en ningún caso los gobiernos locales están obligados a financiar los déficits generados por decisiones del Ejecutivo.

Además, la AME expresó su preocupación porque los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) también utilizan diésel en actividades esenciales como el mantenimiento de maquinaria caminera, sistemas de agua potable, recolección de residuos y programas sociales, rubros que no fueron incluidos en el esquema de compensaciones.

Según indicaron, este gasto adicional no se trasladará directamente a la ciudadanía, pero sí implicará menos inversión en obras públicas.

Pese a la advertencia de la AME, los alcaldes de Quito, Cuenca y Guayaquil reiteraron que no contemplan revisar el valor del pasaje en el transporte urbano cuando finalicen las compensaciones del Gobierno.

La discusión sobre el impacto del retiro del subsidio al diésel en la economía familiar y en la sostenibilidad del transporte público continúa abierta, mientras los municipios llaman al Ejecutivo a reconsiderar medidas que afectan de manera directa a los usuarios y a la gestión local.

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