POLÍTICA
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió el 19 de septiembre de 2025 el decreto 148, con el que convoca a una consulta popular para definir si se instala una Asamblea Constituyente.
La decisión fue tomada sin contar con el dictamen previo de la Corte Constitucional, que horas antes había recordado que cualquier proceso constituyente debía respetar la democracia y someterse a su control.
El decreto 148 convoca a los ciudadanos a decidir en las urnas la instalación de una Constituyente, en medio de un escenario de tensión política y social.
La iniciativa surge en un contexto de alta conflictividad, marcado por la convocatoria a un paro nacional indefinido desde sectores indígenas. La medida de Noboa se conoció un día después de anunciar un referendo sobre la presencia de bases militares extranjeras en el país, un proceso que sí tuvo luz verde de la Corte Constitucional.
El decreto plantea someter a votación ciudadana la pregunta sobre si se debe instalar una Asamblea Constituyente cuyos representantes serán elegidos por voto popular. El texto también precisa que, de aprobarse, la nueva Constitución solo entrará en vigencia si es ratificada posteriormente en referendo.
El Gobierno argumenta que Ecuador enfrenta “problemas estructurales y coyunturales urgentes”, entre ellos la crisis de seguridad, los motines en las cárceles, el fracaso del sistema penitenciario en la rehabilitación, la infiltración de redes de corrupción en la justicia y la pérdida de confianza en las instituciones.
El Estatuto Constituyente, adjunto al decreto, establece que la Asamblea funcionaría durante 180 días, con la posibilidad de extenderse una vez por 60 días más. El Consejo Nacional Electoral tendría un plazo de 90 días para organizar los comicios de los 80 asambleístas constituyentes, distribuidos en 52 provinciales, 22 nacionales y 6 en el exterior, bajo el método D’Hondt.
El documento dispone que diez días después de proclamados los resultados de la elección, la Asamblea se instalará de manera automática, con ocho mesas de trabajo, incluida una de Participación Ciudadana y Control Social.
