POLÍTICA
La Comisión de Ética recibió este 18 de septiembre las pruebas de cargo y descargo dentro de la investigación contra la legisladora correísta Nuria Butiñá, denunciada por presuntas exigencias económicas, laborales y personales a su equipo de trabajo.
La denunciante es la primera vicepresidenta del Legislativo, la riobambeña Mishel Mancheno, quien sostiene la acusación a partir del testimonio de Iván Darío Castro, exasesor de Butiñá.
Castro acudió al despacho de Mancheno el pasado 19 de agosto para relatar que, entre mayo y agosto de 2025, fue presionado para entregar aportes económicos destinados a un supuesto “fondo para comunicación política”.
Mancheno expuso ante la Comisión de Ética que existen pruebas documentales y digitales que sustentan el testimonio.
Entre ellas constan mensajes de WhatsApp, en los que la legisladora de la Revolución Ciudadana habría dispuesto la creación del fondo económico; comprobantes de transferencias realizadas por el exasesor, una de 240 dólares y otra de 50; y un audio en el que se escucha a Butiñá ordenar la alteración de fechas en documentos para acceder a beneficios de residencia en la Asamblea.
La vicepresidenta también señaló que, tras la negativa de Castro a seguir entregando dinero, se produjo una cadena de represalias, asignación de funciones ajenas a su cargo, hostigamiento laboral, gritos e incluso la prohibición de coordinar tareas con otros despachos.
En palabras de Mancheno, el ambiente llegó a convertirse en un escenario de “amenazas veladas de despido” contra quienes no se alineaban a las exigencias.
La Comisión de Ética deberá sustanciar la denuncia y, conforme a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), emitir un informe que pasará al Pleno de la Asamblea. De ser aprobada una sanción, Butiñá podría perder su curul.
