PARO
Por segundo día consecutivo, Ecuador vive un paro nacional marcado por protestas, bloqueos y un pulso político que enfrenta al Gobierno de Daniel Noboa con el movimiento indígena.
El eje de la disputa es la eliminación del subsidio al diésel, una medida anunciada el pasado 12 de septiembre, que según el Ejecutivo es “irreversible”, mientras los dirigentes sociales la consideran un golpe directo a los sectores más vulnerables.
Las jornadas de protesta se sintieron con fuerza en la Sierra centro y norte. En Otavalo, Imbabura, la Panamericana Norte sigue cerrada en varios tramos, con fuerte presencia militar. Allí ocurrió uno de los episodios más tensos: la quema de un cuartel policial la noche del lunes, hecho que elevó las alertas de seguridad.
La respuesta gubernamental fue inmediata: los ministros de Defensa e Interior sobrevolaron la zona este martes para evaluar la situación y coordinar operativos.
En Quito, la protesta se concentró en los alrededores de la Universidad Central, donde manifestantes encendieron llantas y levantaron barricadas. En Latacunga, marchas indígenas recorrieron las calles con banderas y pancartas en rechazo a la política económica del Gobierno.
El Ministerio de Educación, por su parte, anunció la suspensión de clases presenciales en 11 localidades de la Sierra ante el riesgo de enfrentamientos.
El malestar también se trasladó al sur: en Cuenca, grupos campesinos bloquearon vías en Sayausí y Tarqui, mientras en Pastaza los militares reforzaron su presencia en ejes estratégicos como la carretera Baños-Puyo. Incluso en Guayaquil, ciudad poco acostumbrada a movilizaciones indígenas, se registraron cierres en la avenida Narcisa de Jesús durante la mañana.
El detonante del conflicto fue la eliminación del subsidio al diésel. Según el Gobierno, esta medida busca corregir distorsiones económicas, frenar el contrabando de combustibles y liberar recursos fiscales.
Para los movimientos sociales, en cambio, significa un encarecimiento en el transporte y los alimentos, con un impacto directo en comunidades rurales y sectores populares.
El presidente Daniel Noboa ha sido tajante: “Antes de que me quieran hacer retroceder, prefiero morir”, declaró durante un acto en Cotopaxi, descartando cualquier marcha atrás. Además, defendió su propuesta de una consulta popular para abrir paso a una Asamblea Constituyente, en lo que parece ser una estrategia política paralela a la gestión de la crisis.
-Conaie: denuncias y exigencias
La Conaie no solo exige revertir la eliminación del subsidio, sino que también ha puesto sobre la mesa nuevas demandas: liberación de detenidos, fin de lo que llaman “persecución judicial” y garantías para la protesta social.
El presidente de la organización, Marlon Vargas, denunció la detención arbitraria de más de 50 personas en distintas provincias. “Si es necesario, yo mismo estoy dispuesto a ir preso”, afirmó. Además, pidió vigilancia internacional y acusó al Gobierno de montar un “autoatentado” con la quema del cuartel policial en Otavalo.
Las tensiones se incrementaron con la denuncia de Lenin Sarzosa, asesor legal de la Conaie, quien aseguró que sus cuentas bancarias fueron congeladas por orden de la Superintendencia de Bancos. La organización calificó la medida como un acto de criminalización contra la defensa jurídica. No es la primera vez: días antes también se reportó el bloqueo de cuentas de otros dirigentes.
Un amplio despliegue militar y policial se registra en las principales vías del país el 23 de septiembre, en el segundo día del paro nacional. Los uniformados realizaron patrullajes durante la noche y madrugada para evitar que los manifestantes obstaculicen el tránsito vehicular.
Un país dividido entre calles y decretos
El Gobierno insiste en que la situación está bajo control. A través de comunicados oficiales se ha informado de “operaciones aéreas, patrullajes en tierra y despliegue militar” en distintas provincias.
La Brigada de Caballería Blindada, por ejemplo, habilitó tramos carreteros en Chimborazo y Bolívar que fueron bloqueados en la mañana. Sin embargo, la tensión sigue latente. Los cierres viales persisten en la Sierra norte, mientras en la capital el ambiente político se enrarece entre llamados al diálogo y acusaciones cruzadas.
El paro nacional revive la memoria de las movilizaciones de 2019 y 2022, que también tuvieron como eje la política de subsidios a los combustibles. Hoy, el escenario es distinto: un Gobierno joven que busca afirmar su autoridad frente a un movimiento indígena que defiende su papel histórico como actor político y social.
El desenlace aún es incierto. Lo que está claro es que Ecuador se encuentra, una vez más, en medio de una confrontación que combina demandas económicas, reclamos sociales y tensiones políticas de fondo.
