Por: Corina Dávalos
El Gobierno anuncia que una de las preguntas que intentará incluir en la consulta se referirá a la apertura de un nuevo proceso constituyente. Ya se había hablado de esta posibilidad en campaña y, al parecer, hay la intención de cumplir con la promesa electoral, de obtener un sí que se lo permita.
Que la Constitución de Montecristi hace aguas, y con ella el país entero, es evidente para muchos. Sin embargo, rehacer el marco jurídico-político ecuatoriano no está exento de riesgos. Basta ver la calidad de la instrucción y la capacidad de tantos asambleístas que ocupan a día de hoy un asiento en el Legislativo, para echarse a temblar. Si ya resulta lacerante que las leyes que rigen a todos sean diseñadas por personas cuya única destreza ha sido lograr que las incluyan en una lista electoral, más grave aún sería confiarles la redacción de una nueva Constitución.
Uno de los perjuicios de Montecristi ha sido el debilitamiento de los partidos. El hiperpresidencialismo, la obligación de votar en listas cerradas y la proliferación de movimientos sin una sólida organización, una ideología clara y una base social suficiente, nos han llevado a lo que tenemos: partidos de alquiler, fragmentación, caudillismo desenfrenado y una nueva casta de mediocres que llegan a la política –sin formación ni vergüenza– a vivir del cuento.
Para paliar las desventajas de una nueva Constituyente habría que plantearse seriamente los requisitos que deberán cumplir quienes asuman la tarea de discutir y redactar el nuevo marco. Sin garantías de conocimiento, probidad, compromiso y responsabilidad, lo nuevo podría ser aún peor que lo viejo.
No es fácil conjugar representatividad y excelencia, pero es necesario. No olvidemos esta advertencia de Gómez Dávila: “La democracia es el sistema para el cual lo justo y lo injusto, lo racional y lo absurdo, lo humano y lo bestial, se determinan no por la naturaleza de las cosas, sino por un proceso electoral.”
