VINCULADOS
La causa conocida como “Caso Ligados” da un nuevo giro político y judicial con la fijación de la audiencia de vinculación para Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González, quienes serán investigados por el presunto delito de asociación ilícita. La diligencia se llevará a cabo el próximo 4 de junio a las 09h00, en el octavo piso del edificio de la Corte Nacional de Justicia, ubicado en el norte de Quito.
La solicitud fue planteada por la Fiscalía General del Estado el 19 de mayo. Nueve días después, se conoció que la Corte Nacional aceptó el pedido. Arauz, actual secretario de la Revolución Ciudadana; Cuesta, exlegisladora correísta, y González, exsuperintendente de Bancos, son ahora las nuevas figuras clave en una investigación que pone el foco en una supuesta red política que habría operado desde el seno del correísmo para influir en la designación de autoridades del Estado.
El caso nació con la indagación de los exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco. La Fiscalía los procesó inicialmente por presunta asociación ilícita, después de detectar irregularidades en procesos de designación de altos cargos estatales.
Entre ellos, el más notorio: el intento de posesionar a Raúl González como Superintendente de Bancos, para el periodo 2022-2027, en contra de un dictamen de la Corte Constitucional que había suspendido dicha acción. La pieza central de la investigación es el contenido del teléfono celular de Verduga, donde se encontraron chats y grabaciones que revelan conversaciones entre miembros del CPCCS y figuras de la Revolución Ciudadana.
Según la Fiscalía, estos mensajes muestran coordinaciones para consolidar la designación de González en el cargo. En varios de esos intercambios aparecen mencionados Arauz y Cuesta.
Esther Cuesta, quien en ese momento era presidenta encargada de la Asamblea Nacional, habría jugado un papel crucial para frenar la posesión de Roberto Romero von Buchwald como Superintendente, acatando una estrategia del buró correísta para que el puesto quedara en manos de González. La Fiscalía considera que existió una estructura organizada para tomar decisiones políticas desde fuera de los cauces legales.
Este caso no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas. Andrés Arauz, excandidato presidencial y figura emblemática del correísmo, vuelve a ser mencionado en una investigación penal.
Aunque no es la primera vez que su nombre aparece en procesos judiciales, esta podría ser una de las causas con mayor peso por la naturaleza del presunto delito y por la evidencia directa. Por su parte, Cuesta, actual asambleísta, podría enfrentar un proceso de desafuero si la Asamblea decide levantar su inmunidad.
La Comisión de Fiscalización ya analiza esta posibilidad. El bloque correísta, en tanto, ha cerrado filas en su defensa y denuncia una “persecución política”.
La investigación no responde a intereses partidistas, sino a una estructura de hechos sustentados en evidencia técnica. El presunto delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), implica que dos o más personas se organicen con el fin de cometer delitos, y se sanciona con penas privativas de libertad de hasta siete años.
