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miércoles, julio 16, 2025

Aprehendidos en Alausí deberán responder ante la justicia por presunto microtráfico

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En medio de patrullajes de rutina liderados por la Brigada Blindada “Galápagos” del Ejército ecuatoriano, dos ciudadanos fueron aprehendidos en flagrancia con sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo y una motocicleta sin placas, ahora están en manos de las autoridades judiciales.

Durante el control militar en Alausí se incautaron sustancias sujetas a fiscalización y se activó el proceso penal.

Desde el momento de su detención, la justicia tomó control del caso, y deberán responder por los cargos que se deriven de las evidencias recogidas en el sitio. La intervención no fue producto del azar.

Como parte del refuerzo en el control territorial y en coordinación con instituciones de seguridad del Estado, el Ejército desplegó a sus efectivos para ejecutar una serie de patrullajes móviles, controles vehiculares y revisión de motocicletas y peatones en puntos considerados de riesgo, siendo el mercado central uno de los focos principales.

Fue allí donde se detectaron movimientos inusuales de dos personas. Tras una revisión minuciosa, se decomisaron 30 dosis de presunta droga, $180 dólares en efectivo, dos teléfonos celulares, cargadores y una motocicleta marca IGM sin placas, que se presume era utilizada para el transporte del material ilícito.

Tras el decomiso, el procedimiento continuó con la rigurosidad que exige la ley: cadena de custodia, levantamiento de actas y entrega inmediata de los ciudadanos a las autoridades judiciales competentes, quienes ya iniciaron la instrucción fiscal.

Los implicados podrían enfrentar cargos por presunto tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, un delito contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuyas sanciones pueden ir de 1 a 13 años de privación de libertad, dependiendo de la cantidad y tipo de sustancia incautada.

La Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de sustentar los elementos de convicción ante un juez, quien deberá dictar medidas cautelares y decidir el rumbo del proceso legal.

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