CRISIS
La muerte de cuatro niños, encontrados sin vida en Taura, ha dejado una huella imborrable en la memoria de los ecuatorianos. Pero el caso no solo ha estremecido a la sociedad por su crudeza, sino que también ha desatado una tormenta política que ahora apunta a las más altas esferas del poder.
La Asamblea Nacional admitió a trámite un pedido de juicio político contra Gian Carlo Loffredo, Ministro de Defensa, por supuesto incumplimiento de funciones relacionado con este caso. La noticia, que se dio a conocer tras la calificación de las solicitudes por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), ha encendido el debate público sobre la responsabilidad del Estado en esta tragedia.
El hallazgo de los cuerpos de los cuatro niños en Taura generó consternación. La confirmación de sus identidades días después solo profundizó el dolor colectivo. Según las investigaciones preliminares, los menores habrían sido víctimas de un entramado de violencia que involucra negligencia y posibles omisiones por parte de las instituciones encargadas de su protección.
El pedido de juicio político contra Loffredo se sustenta en la presunta falta de acción del Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad en zonas donde operan redes delictivas que ponen en peligro a niños y adolescentes. Aunque la competencia directa del ministro ha sido objeto de debate, los legisladores que impulsaron el proceso argumentan que su responsabilidad es ineludible en un contexto de creciente inseguridad.
Varios grupos de derechos humanos, tras conocer que los 16 militares involucrados habían sido enviados a prisión preventiva, aseguraron que este caso se inscribe en una práctica de abuso de autoridad y de fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
El caso de los niños de Taura no es un hecho aislado, sino un reflejo de una crisis más profunda. La inseguridad, la falta de recursos para el sistema de protección infantil y la ausencia de coordinación interinstitucional han sido señaladas como factores determinantes en esta tragedia.
Otra solicitud de juicio político admitida a trámite está dirigida contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, por una causa distinta. La Asamblea señaló que será responsabilidad de la Comisión de Fiscalización conocer y llevar adelante el trámite correspondiente.
Asimismo, el CAL aprobó la calificación de 15 propuestas legislativas, indicando que las Comisiones encargadas de su análisis deberán integrarlas con proyectos similares que ya estén en discusión.
