POLÍTICA
Con 82 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución que elimina la prohibición explícita de establecer bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano. La medida, impulsada por el Ejecutivo liderado por Daniel Noboa, busca abrir la puerta a la cooperación internacional en materia de seguridad ante el crecimiento del crimen organizado en el país.
La propuesta obtuvo el respaldo de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC), una parte de Pachakutik y algunos legisladores independientes. Durante el debate legislativo, las posiciones se polarizaron y las acusaciones cruzadas marcaron la jornada.
La Constitución vigente establece que “Ecuador es un territorio de paz” y prohíbe expresamente la presencia de bases o instalaciones militares extranjeras. Con la reforma aprobada, el texto se limita a declarar que “Ecuador es un territorio de paz”, omitiendo cualquier mención sobre la presencia de fuerzas armadas de otros países.
Nataly Morillo, asambleísta del oficialismo, fue una de las principales impulsoras de la reforma. Durante su intervención, señaló que el país enfrenta amenazas que superan a las antiguas pandillas urbanas, acusando al correísmo de haber empoderado estructuras criminales a través de decisiones políticas pasadas. “Esta economía delictiva ha penetrado la justicia y hasta los gobiernos locales”, advirtió.
Desde la oposición, la legisladora de la Revolución Ciudadana, Nuria Butiñá, rechazó la propuesta al considerar que pone en riesgo la soberanía del país y puede comprometer a Ecuador en el ámbito internacional. “Abrir esta posibilidad genera incertidumbre sobre el control del territorio nacional”, dijo.
Adrián Castro, de ADN, respondió con dureza a las críticas del correísmo, cuestionando su historial en materia de seguridad. “¿Quién legalizó a las bandas? ¿Quién permitió que el crimen organizado se fortalezca?”, preguntó en alusión a decisiones del pasado vinculadas a organizaciones como los Latin Kings.
Alfredo Serrano, del PSC, respaldó la reforma y recordó que su partido ya había apoyado la presencia militar extranjera en 1999 con la base de Manta. No obstante, aclaró que esta reforma no implica la instalación inmediata de bases foráneas y recalcó que hasta el momento ningún país ha manifestado oficialmente su interés en establecerlas.
El debate también generó llamados a un mayor respeto. El excanciller Ricardo Patiño, ahora legislador de la Revolución Ciudadana, se pronunció por primera vez en este periodo y criticó lo que calificó como un “debate cargado de desinformación y ataques personales”.
Subrayó que si bien la reforma no autoriza directamente la instalación de bases, sí elimina una salvaguarda clave ante decisiones futuras que podrían estar sujetas a intereses políticos volátiles. “Un día podrían invitar a Estados Unidos, y al siguiente, a Corea del Norte. Esa es la gravedad del vacío legal que estamos creando”, sentenció.
La reforma constitucional deberá ahora seguir el procedimiento previsto por la ley para su entrada en vigencia, lo que podría incluir un referéndum ciudadano, dependiendo de su calificación final por parte de la Corte Constitucional. Mientras tanto, el país se adentra en una nueva etapa de discusión sobre el equilibrio entre seguridad y soberanía.
