POLÍTICA
Este 15 de mayo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por Juan Esteban Guarderas, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en contra de la legisladora Patricia Núñez Ramos, representante de la provincia de Chimborazo por el movimiento Revolución Ciudadana.
La denuncia, que señala un posible uso indebido del cargo para fines electorales, fue aceptada por el juez Joaquín Viteri Llanga, quien convocó a la asambleísta a responder a las acusaciones en un plazo de cinco días. Asimismo, el magistrado dispuso la realización de una audiencia oral única, en la que se presentarán pruebas y argumentos por ambas partes.
Como parte de la investigación, el TCE ha ordenado una pericia informática para analizar posibles infracciones cometidas mediante publicaciones en redes sociales, medios digitales u otras plataformas tecnológicas.
Guarderas sostiene que Núñez habría utilizado su curul como plataforma para promover candidaturas de su movimiento político, particularmente a través de mensajes y actividades que, según afirma, van más allá del activismo político permitido y configuran una posible campaña anticipada.
Entre los elementos señalados se encuentran el uso de etiquetas relacionadas con fórmulas presidenciales, encuentros comunitarios con trasfondo político y discursos alineados con el mensaje de Luisa González, excandidata a la presidencia.
“No se trata de opiniones ni de activismo. Se trata de un patrón que podría constituir proselitismo electoral”, argumentó Guarderas, quien enfatizó que su objetivo no es el protagonismo, sino que se apliquen sanciones ejemplares.
La acusación se basa en el artículo 278, numeral 3, del Código de la Democracia, que prohíbe inducir al voto a favor de una opción electoral desde una función pública.
Hasta el momento, la asambleísta Núñez no ha emitido declaraciones públicas sobre el proceso. Elegida por primera vez en 2021 y reelegida en 2023, también ostenta una curul para el período legislativo 2025-2029. El proceso continúa en desarrollo y será el TCE quien determine si se configuró una infracción electoral.
