En el marco del análisis y construcción del informe para segundo debate de posibles reformas a la Constitución, la Comisión Ocasional de Enmiendas, presidida por Elizabeth Cabezas, receptó las opiniones de Julio Teodoro Verdugo Silva y Andrés Martínez Moscoso, docentes de la Universidad de Cuenca.
Los académicos coincidieron en que más allá que una comisión multipartidista o un comité técnico puedan llevar adelante el proceso de selección de las nuevas autoridades de control, lo trascendental es que no se repitan malas prácticas del Consejo de Participación Ciudadana o reparto de poder de la partidocracia, como era la característica en el Congreso. A esos cargos tienen que llegar personas probas y que garanticen independencia plena en el ejercicio de sus funciones, puntualizaron.
El doctor Julio Verdugo habló que se podría combinar la acción de la comisión multipartidista y del comité tripartito técnico, a fin de que, en todo momento, se transparente la nominación, veeduría, impugnación y, lo más importante, la efectiva participación ciudadana. Más allá del relacionamiento político, los que se conviertan en autoridades de control deben poseer amplio capital intelectual y académico, dijo.
Observó la propuesta, por ejemplo, que el postulante a Procurador tenga, dentro de los requisitos, especialización en gestión administrativa, lo que limitaría la participación de los profesionales del Derecho. Así mismo, consideró que la oportunidad es propicia para intensificar la discusión de que los miembros de la Corte Constitucional sean o no sujetos de juicio político.
Entre tanto, el doctor Andrés Martínez aseguró que el modelo del Consejo de Participación fracasó y colapsó, sobre todo en algunas de las atribuciones, de manera particular en la designación de las altas autoridades a nivel del Estado. Entonces, lo lógico sería no repetir, en ningún momento, los fracasos que ellos vivieron, precisaron.
El tema de la participación no puede quedar como simple muletilla, además no tiene que ser
un contenido retórico la utilización de palabras o conceptos de meritocracia, veeduría,
impugnación, sostuvo.
Alertó que cierto nivel de organización que se le otorgaría al Consejo de Participación en este
tema podría determinar un posible boicot al proceso, más cuando tiene intereses particulares
en cuanto a su eliminación o permanencia.
Solicitó que se incluya la definición de universidades que tengan posgrado en Derecho de
manera genérica y no únicamente las que ofrecen programas de derecho constitucional,
tomando en cuenta que tres de las 60 instituciones de educación superior forman
profesionales de esa característica. Esto para ampliar el espacio en los concursos para
vocales de la Corte Constitucional, en particular, explicó.
La asambleísta Elizabeth Cabezas, titular de la mesa, resaltó que el sentir de la academia es
clave para efectivizar los cambios constitucionales que requiere el país, dejando de lado los
errores del pasado.
