NACIONAL.-
A solo 10 días del inicio del campeonato ecuatoriano, Barcelona SC se encuentra sumido en un caos administrativo que impide la inscripción de su directorio, y por ende, la participación del equipo en la Liga Pro.
El conflicto que rodea a Barcelona SC se intensificó el pasado 22 de enero cuando la jueza Karly Vargas Alvarado, del cantón Yaguachi, ordenó la inscripción del directorio encabezado por Antonio Álvarez. Sin embargo, esta medida fue recibida con desaprobación por parte del ministro de Deporte, Andrés Guschmer, quien expresó su desacuerdo a través de su cuenta en la red social X, calificando la situación como “decepcionante para el fútbol, el deporte y el país”. La controversia no se detuvo ahí. El lunes 19 de febrero, Antonio Álvarez, líder del directorio en disputa, hizo pública su frustración ante la negativa del Ministerio de Deporte de inscribir a su directiva. Álvarez advirtió sobre las graves consecuencias que esta situación podría afectar a la institución, señalando un posible “daño institucional” para Barcelona SC. La jueza Karly Vargas, por su parte, transmitió un oficio el martes 20 de febrero en el que instaba a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), al Ministerio del Deporte, a la LigaPro y la Asociación Deportiva del Guayas a registrador al directorio de Barcelona SC. En el documento, se cuestionaba la negativa del Ministerio de Deporte de inscribir al directorio de Álvarez, argumentando una presunta vulneración del debido proceso. Sin embargo, el presidente de la FEF, Francisco Egas, aclaró en una entrevista con Fútbol Ecuador que la federación no ha recibido una orden directa para inscribir a Álvarez como presidente del club. Egas explicó que el oficio emitido por la jueza simplemente solicitaba información sobre el cumplimiento de la orden de inscripción, sin implicar una instrucción directa a la FEF. Por su parte, el Ministerio del Deporte defendió su decisión de no registrar al directorio de Álvarez, argumentando una “imposibilidad jurídica” debido a que la sentencia emitida por la jueza de Yaguachi vulneraría el derecho universal y normas expresas.
