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sábado, junio 28, 2025

Cárcel de Riobamba: la violencia persiste a pesar de la militarización

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CRISIS

La crisis en la cárcel de Riobamba persiste como un claro reflejo de las fallas estructurales en el sistema penitenciario ecuatoriano. Pese a los constantes operativos militares y requisas, las fugas masivas, la presencia de objetos prohibidos y la violencia interna continúan afectando la seguridad del centro y, por extensión, la tranquilidad de la sociedad.

El reciente atentado en la cárcel de Riobamba evidencia la grave violencia interna que afecta a la institución.

Desde enero de 2024, cuando 32 reclusos lograron escapar entre ellos uno de los criminales más buscados, la cárcel de Riobamba ha vivido episodios críticos que revelan una preocupante debilidad en el control penitenciario.

Las fugas no solo afectan la seguridad dentro de la prisión, sino que también han desencadenado hechos violentos fuera de sus muros, como ataques y secuestros vinculados a la fuga masiva. Los controles internos, aunque respaldados por la presencia militar, no han logrado impedir la entrada y circulación de teléfonos móviles, armas blancas, drogas y dinero dentro del penal.

Estos elementos prohibidos ingresan por vías diversas, a menudo con la complicidad de actores internos, lo que evidencia una red de corrupción y negligencia que dificulta el control total de la prisión. La violencia alcanzó un punto crítico el pasado 24 de junio de 2025, cuando un intento de asesinato dentro del centro penitenciario mostró la capacidad de organización y agresividad de los internos.

El ataque, dirigido a un recluso de alta peligrosidad como lo es Daniel Salcedo, fue frustrado, pero evidenció la fragilidad de las medidas de protección. En respuesta, las autoridades activaron el “Código Plata”, un protocolo de emergencia que militariza no solo la cárcel sino también los centros de salud vinculados a la institución.

La cárcel de Riobamba se ha convertido en un símbolo de la crisis penitenciaria del país. Las fugas, el contrabando de objetos ilegales y la violencia interna no solo amenazan la seguridad del penal, sino que impactan directamente en la ciudadanía.

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