Durante la segunda reconstrucción de los hechos del caso Malvinas, realizada el 27 de abril de 2025, cuatro de los 17 militares procesados por la desaparición forzada de cuatro menores confesaron haber maltratado a los jóvenes, revelando detalles sobre los abusos sufridos por las víctimas.
El caso, que involucra la desaparición de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, se remonta al 8 de diciembre de 2024, cuando los menores fueron detenidos durante un operativo militar en el sur de Guayaquil.
La segunda reconstrucción de los hechos se llevó a cabo con la participación de los militares Christian Eduardo A. Q., Carlos Xavier E. M., Nelson Oswaldo S. Z. y Juan Francisco I. M., quienes se encuentran en prisión preventiva.
Durante el proceso, los militares confesaron haber golpeado y sometido a los menores a brutales agresiones, incluyendo golpes, patadas, llaves de lucha, y amenazas de muerte. Según su testimonio, los menores fueron obligados a arrodillarse con las manos en la nuca mientras recibían los ataques.
Incluso se reveló que uno de los niños sufrió una herida grave en la cabeza. La desaparición de los menores fue inicialmente atribuida a un operativo de captura llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, pero los cadáveres de los hermanos Arroyo y los otros dos menores fueron encontrados días después, tras una presión mediática que obligó a las autoridades a intensificar la búsqueda.
A pesar de las versiones que apuntan a bandas criminales como posibles responsables de las muertes, los abogados defensores de las víctimas insisten en que los militares tienen una responsabilidad directa en el caso, al haber detenido a los menores sin justificación y sin seguir los protocolos adecuados.
El Comité por los Derechos Humanos, que representa a las familias de las víctimas, destaca que, aunque no se pueda probar que los militares hayan sido responsables de las muertes, la detención arbitraria y la posterior liberación de los menores constituyen una desaparición forzada.
Los abogados argumentan que los responsables deben rendir cuentas no solo por la desaparición, sino también por el trato inhumano infligido a los menores.
