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sábado, octubre 5, 2024

Caso Pantalla: Fiscalía formula cargos contra 2 exfuncionarios del Consejo de la Judicatura

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CASO

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha formulado cargos contra Milton Fabricio H. y Santiago Paúl C., exfuncionarios del Consejo de la Judicatura (CJ), por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias. La imputación se enmarca dentro de un operativo realizado en la madrugada del 5 de septiembre de 2024, en el que también se llevaron a cabo allanamientos en los departamentos de Tecnologías de la Información y Talento Humano del CJ.

Este caso destaca la continua lucha contra la corrupción en el sistema judicial y subraya el compromiso de la FGE en garantizar la transparencia y la justicia en los procesos de selección de altos cargos judiciales.

La operación, coordinada entre la Fiscalía y la Policía Nacional, busca recabar documentación clave relacionada con las acusaciones. La investigación, iniciada en febrero de 2024 por la Unidad de Investigación Selecta Especializada en Transparencia de la FGE, surgió a raíz de una denuncia del entonces director general del CJ. Esta investigación se centra en el concurso público de Oposición y Méritos, Impugnación y Control Social para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia en 2023, el cual fue declarado nulo en enero de 2024.

De acuerdo con la Fiscalía, los exfuncionarios, en sus roles como asesores de la Presidencia del CJ, habrían utilizado su posición para influir en el concurso. Presuntamente, manipularon el proceso para beneficiar a ciertos postulantes mediante la obtención de información privilegiada y la influencia en las decisiones a lo largo de las distintas fases del concurso.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal presentó trece elementos de convicción, incluyendo versiones, informes detallados, una lista de presuntos beneficiarios del concurso y documentación aportada por diversas instituciones. Tras la exposición de las pruebas, el Juez Especializado en Corrupción y Crimen Organizado dictó una orden de prisión preventiva para los acusados, estableciendo un plazo de noventa días para la instrucción fiscal.

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