POLÍTICA
Este 3 de marzo de 2025, la Corte Nacional de Justicia emitió su fallo en el denominado caso Purga, imponiendo una condena de 13 años y cuatro meses de prisión al exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y el exjuez Johann Marfetán. La decisión se tomó tras una audiencia que se extendió por más de seis horas y en la que se determinó su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
Según la sentencia, los tres procesados encabezaban una red que operaba dentro del sistema judicial de Guayas, ejerciendo control sobre decisiones clave. El tribunal, integrado por los jueces Felipe Córdova, Marco Aguirre y Daniela Camacho, concluyó que actuaron con dolo y pusieron en riesgo la seguridad pública.
Además de la pena de prisión, se les impuso una multa de 20 salarios básicos unificados, la confiscación de sus bienes y la inhabilitación de sus derechos de participación por 20 años.
Otros implicados en la trama, entre ellos Reinaldo Cevallos, Guillermo Valarezo, Nelson Ponce, Henry Taylor, Juan Riofrío y Ruth Solano, fueron sentenciados a nueve años y cuatro meses de cárcel, con las mismas sanciones económicas y de participación política, pero por un período de 15 años. En tanto, Alberto L. y Ruth S., quienes colaboraron con la justicia, recibieron una pena reducida de un año y cuatro meses.
El tribunal también ordenó medidas de reparación, incluyendo la publicación de la sentencia y la instalación de una placa en la Corte de Justicia del Guayas con la frase “La administración de justicia es gratuita”.
La jueza Camacho argumentó que la estructura criminal funcionaba con jerarquía, roles específicos y objetivos económicos. Se estableció la relación entre Muentes, Gallardo y Marfetán, así como sus nexos con otros implicados. Además, se reveló que Muentes habría buscado beneficios financieros a través de fallos judiciales, incluyendo un caso contra el Banco del Pacífico.
El caso Purga surgió a raíz de la investigación Metástasis, que indagó la influencia del narcotráfico en la política ecuatoriana. La Fiscalía obtuvo evidencias mediante allanamientos y testimonios clave, incluyendo declaraciones que detallaban el manejo interno de la organización dentro del sistema judicial.
