POLÍTICA
Este jueves 10 de abril de 2025, un juez de garantías penales resolvió no acoger el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del denominado Caso Triple A, relacionado con presunto tráfico de combustibles.
En su lugar, el magistrado Renán Andrade impuso medidas alternativas como la presentación periódica ante la autoridad judicial, prohibición de salida del país y el uso de un grillete electrónico.
El proceso legal se inició tras una audiencia de vinculación realizada el miércoles 9 de abril, en la que la Fiscalía, representada por el fiscal Carlos Alarcón, presentó cargos contra Álvarez y otras diez personas por supuesta comercialización ilegal de combustibles. Según la acusación, el alcalde guayaquileño habría gestionado permisos para la distribución de derivados de petróleo a través de empresas vinculadas a su familia: Copedesa, Ternape y Flonape.
Durante la audiencia, la defensa de Álvarez argumentó que la solicitud de prisión carece de fundamentos jurídicos, resaltando que ningún otro implicado ha recibido medidas tan severas y que el proceso se encuentra fuera de los plazos legales para nuevos involucramientos. Además, señalaron que su defendido permanece activo en sus funciones como alcalde y ha colaborado con las investigaciones.
Pronunciamiento del alcalde
Posterior a la audiencia, Álvarez utilizó su cuenta en la red social X para expresar su postura, calificando el proceso como “viciado” y asegurando que existen múltiples nulidades que serán impugnadas legalmente. “Ganaremos este caso con argumentos sólidos”, escribió, denunciando que se trata de una persecución política liderada desde el Gobierno central.
También cuestionó el accionar del fiscal del caso, señalando que la solicitud de medidas privativas de libertad carece de sustento. “Todo está grabado y llegará el momento en que el país verá el mamotreto que han armado”, afirmó.
Aseguró que, a pesar de los señalamientos, no abandonará el país y enfrentará el proceso con firmeza. “Aquí estoy, no he huido ni huiré. Es una persecución terrible y la hemos enfrentado con verdad y sin temor”, declaró.
Antecedentes del caso Triple A
La investigación arrancó en julio de 2024 a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que detectó presuntas irregularidades en la venta de combustibles. Como parte de la indagación, se incluyeron informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La Fiscalía señala que las empresas vinculadas a los hermanos Álvarez –Aquiles, Antonio y Xavier– habrían distribuido diésel de forma irregular a estaciones de servicio ubicadas en las provincias fronterizas de Zamora Chinchipe, Loja y El Oro.
El proceso continuará en las siguientes semanas, mientras se evalúan los elementos presentados por las partes y se define la responsabilidad de los involucrados
