CONFLICTO
En un contexto de creciente tensión social y política, el presidente de la República, Daniel Noboa, ha decidido ampliar el alcance del estado de excepción en varias provincias del Ecuador, incluyendo a Chimborazo, en un intento por restaurar el orden público y contrarrestar las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Este giro en la estrategia del Gobierno, que ha implicado la aplicación de un toque de queda desde las 22h00 hasta las 05h00, marca un hito en la crisis política y económica que sacude al país.
La medida responde a las posibles manifestaciones de rechazo hacia la eliminación del subsidio al diésel. El decreto, que afecta a las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Bolívar y Carchi, se adopta en un clima de alta tensión, en el que los bloqueos de carreteras y las protestas se han dado, interrumpiendo el transporte, el comercio y las actividades cotidianas en diversas regiones.
Las autoridades de seguridad han advertido que aquellos que no cumplan con la restricción de movilidad serán sancionados, mientras el Gobierno refuerza la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las zonas conflictivas.
El presidente Daniel Noboa, desde la ciudad de Latacunga, explicó que la medida tiene como fin “restaurar el orden y garantizar la libre circulación de ciudadanos y mercancías”. El toque de queda, que se implementará durante 60 días, es parte de una serie de acciones para controlar lo que el Gobierno ha calificado como una “grave conmoción interna”.
La decisión ha sido tomada en un contexto de conflictividad social tras la eliminación del subsidio al diésel, una de las medidas clave del Gobierno para reducir el déficit fiscal y combatir el contrabando de combustibles.
A raíz de esta eliminación, el precio del diésel ha aumentado, pasando de USD 1,80 a USD 2,80 por galón, lo que ha generado una fuerte protesta en las organizaciones sociales y los gremios de transporte, quienes aseguran que la medida afectará directamente a los sectores más vulnerables, como el transporte público, los agricultores y las familias trabajadoras.
La CONAIE, que lidera la protesta, ha insistido en que el paro nacional continuará hasta que el Gobierno revierta su decisión sobre el subsidio al diésel. Marlon Vargas, presidente de la organización indígena, declaró que la eliminación del subsidio es un “paquetazo neoliberal” que afecta a los más pobres, y que la medida de Noboa no solucionará los problemas estructurales del país.
“El paro no terminará hasta que el Gobierno escuche a los pueblos indígenas y revierta esta política que solo favorece a las élites”, afirmó Vargas.
El Gobierno ha insistido en que los derechos de la mayoría de los ecuatorianos deben prevalecer sobre los intereses de grupos minoritarios. “Las medidas adoptadas buscan el bienestar de la nación y el control de una situación económica insostenible.
No podemos ceder ante la violencia y la intimidación”, agregó Noboa. La CONAIE ha convocado a otras organizaciones sociales y gremios de trabajadores a unirse a las protestas.
