TRÁMITE
Desde el 4 de agosto de 2025, los ciudadanos ecuatorianos que no hayan ejercido su derecho al voto en las últimas elecciones, o aquellos que hayan extraviado su certificado de votación, ya pueden obtener este documento esencial con mayor facilidad.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha habilitado tanto sus delegaciones locales como su portal web oficial para realizar este trámite, lo que facilita a miles de personas el acceso a un documento indispensable para diversos procedimientos legales y administrativos en el país.
Para acceder al certificado de votación, existen dos condiciones básicas que los ciudadanos deben cumplir: tener a la mano la cédula de identidad original y no tener multas pendientes de procesos electorales previos.
Si eres uno de los ciudadanos que no votó en las últimas elecciones o no has regularizado tu situación por alguna multa impaga, debes primero pagar la sanción correspondiente. Esta multa asciende al 10% de un Salario Básico Unificado (USD 47). Una vez que hayas saldado tu deuda, podrás proceder a la obtención del certificado.
El CNE ha dispuesto una plataforma digital, accesible en su portal web donde puedes verificar tu situación respecto a multas y conocer si estás habilitado para solicitar el certificado. Este sistema es una herramienta clave que permite a los ciudadanos consultar si tienen deudas pendientes y realizar las gestiones necesarias sin desplazarse a las oficinas del CNE.
La falta de este documento puede dificultar varios trámites, desde la solicitud de pasaportes hasta la firma de contratos laborales. Es por ello que regularizar tu situación lo antes posible es crucial para evitar retrasos en tus gestiones personales y profesionales.
El certificado de votación es mucho más que un simple documento administrativo. Es un requisito fundamental para diversos trámites legales y administrativos en Ecuador, tales como la obtención de pasaportes, contratos laborales, y otros procedimientos que requieren la validación de la participación cívica en los comicios.
Sin este documento, muchos ciudadanos no podrán avanzar en gestiones tan cotidianas como la firma de contratos de trabajo o el acceso a ciertos servicios públicos.
