PROYECTO
Con ocho votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional dio luz verde al informe para el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, iniciativa calificada como urgente en el ámbito económico por el Ejecutivo.
La presidenta de la Comisión, asambleísta Valentina Centeno, explicó que el documento incorpora importantes modificaciones al texto original, centradas en dos ejes principales: el tributario y el penal.
En materia tributaria, se ratifica la opción para que empresas privadas destinen hasta el 30 % del impuesto a la renta en bienes a favor de las fuerzas del orden, bajo la vigilancia del Servicio de Rentas Internas (SRI), medida que cuenta con respaldo del sector empresarial.
Asimismo, se mantienen incentivos económicos destinados a poblaciones vulnerables y a la reactivación de áreas golpeadas por la violencia.En el componente penal, el informe incorpora la figura del delito de pertenencia a grupos armados organizados, con penas que van de 22 a 36 años para quienes lideren o financien estas estructuras.
También se propone un proceso penal especial para delitos asociados al conflicto armado interno, que contempla un plazo de hasta 90 días para el juzgamiento y la intervención de jueces especializados.Además, se introduce la figura de aprehensión de hasta 48 horas como medida alternativa a la prisión preventiva, que se plantea como excepcional.
Igualmente, se excluye la aplicación de medidas cautelares como prisión preventiva o grilletes electrónicos para miembros de la Policía y Fuerzas Armadas que actúen en el marco del conflicto, bajo posterior revisión judicial.
El texto también abre la posibilidad de indultos anticipados para estos uniformados.Entre otros puntos, el proyecto regula los allanamientos sin orden judicial en determinados casos, refuerza las competencias de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), introduce definiciones clave como “grupo armado organizado” y “economías criminales”, y reforma el Código Orgánico de la Función Judicial para ampliar las facultades de jueces especializados.
Finalmente, se decidió retirar el artículo que creaba las llamadas “zonas de seguridad”, delegando su implementación directa a las fuerzas del orden. El informe recoge aportes de diversos sectores sociales, económicos, expertos en derecho y legisladores de distintas bancadas, consolidándose como una respuesta legislativa integral a los retos actuales en seguridad y economía del país.
