ECONOMÍA
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional dio inicio al análisis del proyecto de Ley para Innovar la Gestión Pública, calificado como urgente en materia económica. Durante la sesión, representantes de instituciones estatales, sectores productivos como el automotriz y la construcción, así como expertos en contratación pública, participaron activamente en la revisión del articulado propuesto.
Uno de los ejes centrales del debate fue la transformación tecnológica de la plataforma de compras públicas. María José Carvajal, subdirectora del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), explicó que esta reforma permitirá avanzar hacia un sistema más moderno, enfocado en datos abiertos e interoperabilidad, lo cual facilitará contrataciones más transparentes y ágiles.
Carvajal detalló que el nuevo modelo incluirá automatización de procesos, uso de inteligencia artificial y generación de alertas tempranas, elementos clave para prevenir actos de corrupción y direccionamiento en la adjudicación de contratos. Además, destacó que esta modernización podría reducir hasta en un 15% los tiempos promedio de los procedimientos actuales, lo que representa un ahorro significativo para el Estado.
Por su parte, el jurista Marco Morales advirtió sobre el plazo propuesto para implementar la nueva plataforma. Según indicó, los 180 días previstos podrían resultar insuficientes, lo que implicaría el riesgo de incumplimientos legales si no se logra una transición efectiva.
En representación del Ejecutivo, Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia, justificó la urgencia del proyecto en el alto volumen de contratación pública registrado en 2024, que superó los 8 mil millones de dólares, equivalente al 6.5% del PIB nacional. Señaló que, con una ley actualizada, esta inversión podría optimizarse bajo principios de eficiencia y mejores prácticas internacionales.
Además, Andino subrayó que la propuesta incluye herramientas para monitorear el historial de los proveedores y valorar su desempeño anterior, mejorando los mecanismos de control y seguimiento de contratos.
Durante la sesión, también intervinieron representantes del sector privado. David Molina, de la industria automotriz, y José Miranda, del sector de la construcción, expresaron preocupación por el artículo 46 del proyecto, que permitiría contratar fuera del catálogo estatal en ciertas condiciones.
Ambos coincidieron en que esta disposición podría abrir espacio a decisiones discrecionales y a filtración de información, lo que pondría en riesgo la integridad de los procesos de contratación.
Al finalizar, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, solicitó a los participantes enviar por escrito toda la documentación expuesta, para su posterior análisis y consolidación en el informe que será sometido al primer debate en el pleno legislativo.
