POLÍTICA
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado dio inicio al trámite del proyecto de reforma al Código de la Función Judicial, tras la resolución emitida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 13 de febrero de 2025. Esta propuesta se suma a otros cuatro proyectos que la comisión atiende con prioridad, según el diagnóstico y el Plan General de Trabajo aprobado para el período 2025-2027.
Con el ingreso formal de la iniciativa, la comisión comenzó la fase de socialización para recoger opiniones y aportes de diferentes actores antes de avanzar en su análisis y eventual aprobación. En la misma sesión, los legisladores aprobaron los informes de labores correspondientes al año 2024 de tres entidades clave: la Defensoría Pública, la Procuraduría General del Estado y el Consejo de la Judicatura.
La presidenta de la Comisión, Rosa Torres, recordó que aunque el plazo para la entrega de estos documentos venció el 16 de abril, el Pleno permitió que las comisiones gestionen los temas pendientes para no retrasar los procesos. El asesor Byron Valarezo presentó la metodología utilizada para la revisión de los informes, que incluyó tanto análisis cuantitativos como cualitativos.
Entre los hallazgos destacados, se señaló que la Defensoría Pública registró un bajo número de asesorías en materia penal, mientras que la mayoría de sus casos se concentraron en temas de familia, mujer, niñez y adolescencia. Además, se entregaron datos desglosados por tipo de asesoría y patrocinios legales.
Respecto a la Procuraduría General del Estado, la comisión resaltó las actividades de consultoría, asesoramiento legal, control de legalidad, arbitraje y mediación. Sin embargo, se advirtió que esta entidad no presentó proyectos de ley durante el periodo, limitándose a hacer observaciones a iniciativas existentes.
Finalmente, en el informe del Consejo de la Judicatura se analizaron aspectos relacionados con el concurso para la selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, los procesos de sumarios administrativos, la propuesta para crear unidades especiales en materia constitucional, así como los nombramientos de defensores públicos, jueces y fiscales.
Según el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo aprobado por la comisión deberá ser remitido para su conocimiento y debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
