Es paradógico. Es algo extraño, opuesto a la común opinión y al sentir del pueblo ecuatoriano. Es inverosímil lo ocurrido en la Asamblea, específicamente en la llamada Comisión Permanente de Derechos de los Trabajadores , donde, asombrosamente, se ha dejado de trabajar durante largos cinco meses por diferencias internas, a pesar de lo cual se gastaron miles de dólares del pueblo ecuatoriano.
La presidenta de esa mesa legislativa había expresado en varias ocasiones que no renunciaría a ser titular, pese a que ocho legisladores de esa comisión insistían en su renuncia. “En mi vida no renunciaré a defender los derechos de los trabajadores. No renunciaré a defender los derechos de los obreros, de las mujeres trabajadoras, del trabajador informal. Eso ha sido una consigna de vida, por lo tanto difícilmente a mi me obligarán a renunciar”, había dicho. Pero finalmente, declinó a lo que más parecía un capricho personal que una convicción política.
Estos “lujos”, estos caprichos impidieron que se aborden temas importantes, trascendentes, de gran contenido social como el Código del Trabajo, las reformas a la Ley de Seguridad Social, entre otros, tomando en cuenta que hay expectativa nacional, más cuando el gobierno está a punto de enviar el proyecto de las reformas laborales. El hecho de que no se haya laborado casi medio año en una comisión de tanta trascendencia social, da la medida del grado de responsabilidad, no solo en los miembros de la Comisión, sino también en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y en la misma Asamblea Nacional de Ecuador que se cruzó de brazos ante tamaña irresponsabilidad.
Si esto ocurriese en otros organismo de la estructura estatal; es decir, si las comisiones de los consejos provinciales, de los concejos municipales, de las juntas parroquiales y de otros niveles de la administración pública y privada, dejasen de trabajar por ese lapso, sería altamente perjudicial para el marcha y el avance corporativo; pero como tamaña anomalía se dio en el parlamento nacional, ahí no ocurrió nada. Como no ocurrió nada cuando más de cincuenta asambleístas negaron el tratamiento del proyecto de ley que exigía la devolución de los latrocinios, porque seguramente en su fuero interno rumiaban: “A nosotros, lo robado y lo saqueado no nos quita nadie”
