NIÑEZ
La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional inició este miércoles 11 de junio un proceso de fiscalización respecto al cumplimiento de las medidas de reparación dispuestas en el conocido caso “mecheros”, con énfasis en las afectaciones que estas estructuras provocan a la población infantil y adolescente en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Durante la sesión, el delegado de la Defensoría del Pueblo, Rodrigo Varela, informó que su institución realiza un seguimiento continuo al proceso de cierre progresivo de los mecheros petroleros. Explicó que se ha solicitado información a diversas entidades del Estado, como el Ministerio de Salud, y que se exigirá un informe detallado sobre las acciones específicas en favor de la niñez y adolescencia, el cual será entregado a la Comisión.
El asambleísta Comps Córdova, quien solicitó la fiscalización, recordó que existe una sentencia judicial que obliga a varias instituciones del Estado a desactivar de manera progresiva los mecheros, que por más de cinco décadas han afectado al ecosistema y a las comunidades amazónicas.
En comisión general, también comparecieron Kerly Herrera, Dannya Bravo y Liberth Jurado, promotoras de la acción de protección que derivó en la sentencia favorable.
Las defensoras comunitarias denunciaron que, a pesar del fallo judicial emitido en 2023, no se ha avanzado en su cumplimiento. “No queremos morir de cáncer por culpa de los mecheros. Aún hay una escuela cerca de estas fuentes de contaminación y eso sigue poniendo en riesgo a nuestras niñas y niños”, expresaron.
Entre los puntos exigidos en la acción legal se incluyó la creación de un hospital oncológico en Sucumbíos para tratar a pacientes con enfermedades relacionadas con la contaminación petrolera, evitando su desplazamiento hacia otras ciudades como Quito o Ibarra.
Finalmente, Pablo Fajardo, abogado de los accionantes, aclaró que la demanda se dirigió contra el Estado ecuatoriano, ya que este autoriza la instalación y funcionamiento de los mecheros. Denunció, además, que en lugar de eliminarse, su número ha aumentado, lo cual representa un incumplimiento directo de la sentencia judicial.
La comisión anunció que continuará con este proceso de fiscalización, exigiendo respuestas y compromisos concretos por parte de las instituciones responsables.
