LUCHA
Las comunidades Waorani, asentadas en la provincia de Pastaza, se han convertido en un símbolo de resistencia indígena frente al avance de la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana.
Desde el año 2023, estas comunidades han exigido su derecho a decidir sobre el uso de sus tierras ancestrales, enfrentando la intervención de empresas extractivas interesadas en operar dentro de sus territorios.
Este proceso ha estado acompañado por manifestaciones y movilizaciones, así como el respaldo de organizaciones no gubernamentales, colectivos ecologistas y defensores de derechos humanos, quienes han alertado sobre los impactos ambientales, sociales y culturales que podría generar la actividad petrolera en uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.
El conflicto ha trascendido el ámbito nacional y ha captado atención internacional, al ser considerado un caso emblemático dentro de los debates globales sobre derechos indígenas y conservación de la Amazonía.
Para los líderes Waorani, la defensa de su territorio no solo responde a una preocupación ambiental, sino que constituye una lucha profunda por preservar su identidad cultural, lengua, cosmovisión y soberanía como pueblo originario. “No estamos solo defendiendo la selva, estamos defendiendo nuestra existencia”, han afirmado representantes de estas comunidades.
Uno de los principales desafíos que enfrentan es la constante presión por parte de empresas petroleras, lo cual pone en riesgo la integridad de los territorios donde aún habitan clanes no contactados como los Tagaeri y Taromenane, cuya existencia ha sido reconocida por el Estado ecuatoriano.
A pesar de su aislamiento voluntario, estos pueblos no han estado exentos de conflictos, incluidos enfrentamientos fatales que reflejan la fragilidad de su situación.
Los Waorani forman parte de las siete nacionalidades indígenas que habitan la provincia de Pastaza y también mantienen presencia en sectores de la vecina provincia de Orellana.
Este conflicto continúa siendo una prueba clave para el Estado ecuatoriano en cuanto al respeto a los derechos colectivos, el cumplimiento del principio de consulta previa, libre e informada, y la preservación del ecosistema amazónico, vital no solo para las comunidades locales, sino para el planeta.
