Las calles de la Sierra Norte de Ecuador siguen siendo escenario de protestas dispersas, pero persistentes, que cumplen ya seis días en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Mientras tanto, la tensión política aumenta con denuncias cruzadas, detenciones y un estado de excepción que restringe las libertades en territorios indígenas. En este contexto, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, reapareció para desmentir su detención y ratificar la continuidad del paro nacional.
En un mensaje difundido la noche del 26 de septiembre desde Imbabura, Vargas dejó claro que las movilizaciones no han terminado y que los pueblos originarios de la Sierra Norte mantienen firme su postura de lucha.
Entre sus demandas está la libertad inmediata de los detenidos, la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126 que elimina el subsidio al diésel, el rechazo a la consulta popular y el fin del estado de excepción y toque de queda en los territorios ancestrales.
El panorama de protestas ha estado marcado por más de un centenar de detenciones, según cifras oficiales. Organizaciones indígenas y de derechos humanos denuncian que al menos 12 kichwas detenidos en Otavalo fueron trasladados lejos de sus comunidades, a las cárceles de Esmeraldas y Portoviejo, en condiciones cuestionadas.
Este traslado se da en un contexto aún más tenso debido a una masacre reciente en la cárcel de Esmeraldas, donde 17 personas fueron asesinadas tras un enfrentamiento entre bandas rivales. Estas noticias profundizan la preocupación por la situación de los detenidos indígenas y aumentan el temor de sus familiares.
Para hacer frente a los bloqueos en vías que impiden la circulación normal, el Ejército ha escoltado convoys de combustible hacia la provincia de Carchi, buscando garantizar el abastecimiento y minimizar el impacto del paro.
Pese a la represión, la criminalización y el estado de excepción, la Conaie mantiene la voz alta y llama a continuar con las movilizaciones hasta lograr la derogatoria del decreto que elimina el subsidio al diésel.
La protesta representa no solo una resistencia económica, sino también la reafirmación de derechos colectivos y territoriales que los pueblos indígenas consideran amenazados.
