INSEGURIDAD.
La creciente crisis carcelaria que enfrenta el Ecuador y el Distrito Metropolitano de Quito refleja la urgente necesidad de atención y acción por parte de las autoridades competentes.
Esta situación crítica no solo impacta negativamente en la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, sino que también, plantea riesgos significativos para la seguridad pública y ciudadana, la convivencia pacífica y el respeto de los derechos humanos. El 7 de enero del 2024, las autoridades nacionales anunciaron la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias ¨FITO¨. Mientras que el 8 de enero, el país reportó varios amotinamientos en varios centros de rehabilitación social, entre ellos, en el CRS de El Inca en el norte del Distrito Metropolitano de Quito en donde se evidenció también, un incendio afectando a la integridad de esta zona de la ciudad. Ante estos hechos suscitados años atrás y en la actualidad, varios organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado, entre las causas de esta problemática, la ausencia de infraestructura adecuada que no permite una reinserción social adecuada. “Un tema importante es trabajar por un Quito libre de cárceles en zonas con alta densidad poblacional y cerca equipamientos de bienestar social. En nuestra ciudad existen tres centros de rehabilitación social que están en zonas residenciales, por tanto, resulta altamente peligroso que continúen existiendo estos establecimientos en barrios como El Inca, El Condado y Chillogallo. Exigimos que el Gobierno Nacional dentro de su política de rehabilitación social priorice la reubicación de estos tres centros de rehabilitación social”, dijo Andrés Campaña, Concejal del Distrito Metropolitano de Quito.
