SENTENCIA
Una pena de 22 años de privación de libertad fue impuesta a Yandri Q. C., luego de que el Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo lo declarara culpable del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, en su modalidad más grave: a gran escala.
La condena llegó tras una investigación minuciosa y un juicio en el que la Fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraron su responsabilidad directa en el transporte de 600 kilos de cocaína, ocultos bajo un cargamento de maíz.
Así lo resolvió el 19 de junio el Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo, luego de una audiencia en la que la Fiscalía presentó evidencias contundentes sobre la implicación directa del acusado en el transporte de 600 kilos de cocaína escondidos bajo un cargamento de maíz.
El camión en el que viajaba había partido desde La Joya de los Sachas y tenía como destino la ciudad de Guayaquil. La sentencia se enmarca dentro del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona este tipo de delitos con penas que van de 22 a 26 años de cárcel, dependiendo de la cantidad de droga y el grado de participación.
En este caso, el Tribunal optó por la sanción mínima del rango, sin beneficios. El caso comenzó el 19 de noviembre de 2024, cuando una alerta confidencial movilizó a la Jefatura de Investigación Antidrogas de la provincia de Chimborazo.
Las autoridades fueron informadas de que un camión estaba transportando droga desde la Amazonía hacia la Costa, utilizando la vía Colta–Riobamba como parte de su ruta. El vehículo fue interceptado en un operativo ejecutado con precisión. A simple vista, la carga parecía inofensiva: decenas de sacos de maíz.
Sin embargo, el olfato entrenado de los agentes y de los perros antidrogas detectó algo más. Tras remover parte de los granos, los uniformados encontraron 20 bultos de yute cuidadosamente distribuidos, en cuyo interior se ocultaban 30 bloques rectangulares con una sustancia blanquecina.
Las pruebas de campo realizadas en el sitio confirmaron lo que se temía: era cocaína de alta pureza. El total incautado ascendió a 600 kilogramos, un volumen suficiente para abastecer múltiples mercados internacionales.
Aunque no se encontraron armas ni más personas en el lugar, el hallazgo representó un duro golpe para una estructura aún no del todo develada. El COIP, en su artículo 220, establece que el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización será sancionado con penas severas cuando se trate de grandes cantidades.
En este caso, al superar los 2 kilogramos de base de cocaína el umbral para considerarlo “gran escala” la pena mínima ya supera las dos décadas de prisión. El Tribunal determinó que el sentenciado actuó con conocimiento y voluntad, sin que existan atenuantes que pudieran reducir la sanción. Tampoco se le concedieron medidas sustitutivas o redención de pena.
Durante el juicio, la Fiscalía del cantón Colta desplegó una batería probatoria sólida y detallada. Se incluyeron los testimonios de los agentes que participaron en la aprehensión, del perito que realizó la inspección ocular técnica y del especialista que ejecutó el pesaje y embalaje de la sustancia.
Sin embargo, una de las piezas más reveladoras fue el análisis del teléfono celular del procesado. En él, los peritos encontraron conversaciones en las que Yandri Q. C. coordinaba detalles con otro contacto: el estado de la ruta, posibles controles policiales y la ubicación exacta de la “mercadería”.
