CONDENA
La justicia dictó una de las sentencias más severas en materia de violencia sexual en la provincia. Un sujeto del sector San Nicolás de Pallatanga, fue condenado a 29 años y 4 meses de prisión, pena máxima agravada, tras ser declarado culpable de la presunta violación de una adolescente con un 66 % de discapacidad intelectual.
El caso, que permaneció abierto por más de siete años, expone que los abusos se remontan a 2015. La adolescente vivía con familiares que también tenían discapacidad intelectual en una vivienda de Pallatanga.
El sospechoso, aprovechando la cercanía y la indefensión de la víctima, perpetró varias agresiones sexuales. En 2017, un representante de una fundación social denunció el caso tras escuchar la confesión de la joven, quien relató los hechos y reveló que producto de los abusos había quedado embarazada.
Desde ese momento, la Fiscalía abrió un proceso penal. Sin embargo, él desapareció y fue declarado prófugo por la justicia, convirtiéndose en uno de los procesados más buscados en el país. Durante años, el paradero del agresor fue un enigma.
Finalmente, en enero de 2025, la Policía Nacional lo localizó y capturó en Puerto Quito, provincia de Pichincha. Su detención permitió que el Tribunal de Garantías Penales de Pallatanga convocara a la audiencia de juicio.
La Fiscalía presentó pruebas contundentes como el testimonio anticipado de la víctima que describió con detalle las agresiones, la pericia psicológica y el examen médico, que confirmó la comisión del delito.
Por orden judicial, la joven ha permanecido desde 2017 en una casa hogar en Quito, un espacio que le brinda apoyo emocional y social. El Tribunal no solo ratificó la culpabilidad del acusado, sino que aplicó la pena más alta prevista en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para este tipo de delitos.
El artículo 171 establece que la violación se sanciona con 19 a 22 años de cárcel. Sin embargo, en este caso se aplicaron agravantes contempladas en el artículo 48, numeral 4: cuando la víctima resulta embarazada a consecuencia del delito.
Con ello, la condena se elevó a su grado máximo de 29 años y 4 meses de privación de libertad.
