SENTENCIA
El 3 de junio de 2025, el Tribunal de Garantías Penales de Ambato condenó a Cristian B., Kevin V. y Walter M. a la pena máxima agravada de 40 años de prisión, tras ser declarados culpables de un triple asesinato ocurrido en agosto de 2024. Los sentenciados, vinculados a un grupo de delincuencia organizada, participaron en una jornada de crímenes cometidos con extrema violencia en distintos sectores de la ciudad.
La sentencia responde a una investigación liderada por la Fiscalía, que logró probar la participación directa de los acusados en los crímenes. Los tres sentenciados, identificados como integrantes de un grupo de delincuencia organizada (GDO), también deberán pagar una multa de 470.000 dólares, equivalente a mil salarios básicos unificados, y una reparación integral de 60.000 dólares a favor de los familiares de las víctimas.
Según el relato fiscal presentado durante la audiencia de juicio, los hechos ocurrieron en dos puntos distintos de la ciudad. La primera víctima fue asesinada en el barrio Santa Marianita, en la vía a Las Minas. Horas más tarde, en la Av. Bolivariana y José Alberto Valdivieso, los tres acusados, a bordo de un vehículo negro, se encontraban conversando con dos hombres cuando, de forma repentina, dispararon a uno de ellos.
El otro intentó huir, pero también fue alcanzado por los disparos. El tercer crimen ocurrió en una vivienda del sector Techo Propio, a donde los sentenciados trasladaron a su última víctima, herida, para posteriormente asfixiarla hasta causarle la muerte.
En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía, los tres implicados fueron capturados en las horas posteriores a los hechos. Dos de ellos fueron localizados en una quebrada cercana al río Ambato, mientras que el tercero fue detenido en el domicilio donde se cometió el último asesinato.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas, entre ellas: testimonios periciales, informes de autopsia, análisis balísticos, peritajes de luminol y de audio y video extraídos de cámaras de seguridad, así como el reconocimiento técnico del vehículo utilizado, que había sido reportado como robado.
El Tribunal aplicó el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de 22 a 26 años por asesinato, pero decidió imponer la pena máxima agravada de 40 años debido a las circunstancias agravantes señaladas en el artículo 47, numerales 5 y 14.
Esta decisión no solo refleja la gravedad del triple crimen, sino que también establece un importante precedente legal en la lucha contra el crimen organizado en el país.
En un país que enfrenta una alarmante escalada de inseguridad y violencia, esta sentencia representa un paso firme en la respuesta institucional contra el delito organizado. Frente a un panorama donde la criminalidad afecta a diversas regiones, las autoridades judiciales y policiales reafirman su compromiso de actuar con determinación para desarticular las redes delictivas que amenazan la tranquilidad de la población.
