CONDENA
La Corte Provincial de Justicia de Chimborazo confirmó una de las sentencias más severas emitidas en la provincia en materia de tráfico de drogas. El Tribunal de Apelación ratificó la pena de diecinueve años de prisión contra un sujeto., hallado culpable del delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización en alta escala.
Con esta resolución, emitida el 8 de octubre de 2025, se cierra un proceso judicial que puso al descubierto una red de distribución de drogas que operaba en pleno centro de Riobamba.
El caso se remonta al 19 de julio de 2024, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban un patrullaje preventivo en el sector de la Plaza Dávalos, una zona concurrida por comerciantes y transeúntes. En ese momento, los uniformados observaron a un motociclista que mostró una actitud sospechosa e intentó evadir el control policial. Su reacción levantó las alertas, por lo que fue interceptado a pocos metros del lugar.
Durante el registro, los agentes encontraron veinte fundas plásticas con marihuana y dinero en efectivo, lo que evidenció una posible actividad de microtráfico. La Fiscalía de Chimborazo, a través de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti), llevó adelante la investigación.
En el proceso se presentaron múltiples elementos probatorios que confirmaron la responsabilidad del acusado. Entre ellos constan las versiones de los policías que participaron en la aprehensión, los informes técnicos del reconocimiento del lugar, las pericias químicas y el pesaje de la sustancia, que superó los nueve kilos de marihuana, lista para su distribución.
Durante la audiencia de apelación, la fiscal del caso reiteró que las pruebas eran claras, coherentes y concluyentes, por lo que solicitó al Tribunal mantener la sentencia inicial dictada en octubre de 2024. “El tipo de empaque, la cantidad de droga y el contexto en el que fue hallada demuestran que se trataba de un esquema de comercialización estructurado y no de consumo personal”, argumentó.
Los jueces coincidieron con esa valoración y ratificaron íntegramente la sentencia condenatoria. Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal dispuso que el sentenciado pague una multa equivalente a doce salarios básicos unificados, conforme a lo dispuesto en el artículo 220, numeral 1, literal c del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de diecinueve a veintidós años para quienes trafiquen sustancias sujetas a fiscalización en alta escala. En este caso, los magistrados aplicaron el mínimo de la pena, tomando en cuenta los antecedentes personales del procesado.
En los últimos meses, la Fiscalía y la Policía Nacional han intensificado los operativos en zonas estratégicas de Riobamba y en varios cantones de la provincia, con el propósito de desarticular redes de microtráfico que operan en espacios públicos, terminales, barrios periféricos y alrededores de instituciones educativas. Estas acciones buscan frenar la distribución de drogas a pequeña y mediana escala, una problemática que, según las autoridades, continúa afectando especialmente a jóvenes y adolescentes.
