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miércoles, abril 30, 2025

Consejero de Participación Ciudadana cumplió agenda de actividades en Riobamba

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VISITA

Este martes 18 de junio de 2024, Augusto Verduga Sánchez, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social visitó Riobamba con la finalidad de participar en la clausura de la Escuela de Formación de Líderes en el cantón Colta y mantener reuniones con varias Asambleas Ciudadanas de la Sultana de los Andes.

Augusto Verduga Sánchez, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El Consejero Sócrates Augusto Verduga Sánchez es Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el año 2011, Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en el año 2015, Máster en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar en el año 2019.

Abogado en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en el año 2012, Analista del Consejo de la Judicatura en la Dirección Provincial del Guayas del año 2013 al año 2014, director Jurídico de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera en el año 2016, Defensor Público de la Delegación Provincial del Guayas desde abril 2016 hasta mayo del 2023. Desde el 14 de mayo del 2023 ejerce como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, después de haber obtenido la mayor votación a nivel nacional con 1’836.685 votos en los comicios del 05 febrero 2023.

Con respecto a cuál es la función que cumple el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mencionó que, es promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana; impulsar y establecer los mecanismos de control social; así como también, la designación de las autoridades que le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), es una entidad autónoma que forma parte y lidera la Función de Transparencia y Control Social de la República de Ecuador, teniendo responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias, además de también tener influencia en la designación de ciertas autoridades de la función electoral y judicial.

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